En México urge tipificar el delito de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos y establecer sanciones para su erradicación porque entre 150,000 y 400,000 personas menores de 18 años podrían estar en riesgo actualmente, alertó Tania Ramírez Hernández.

Al presentar el estudio “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos. Análisis desde las políticas públicas y la legislación’’, la directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) explicó que se tiene que “asegurar la prohibición del reclutamiento’’ de la niñez y que ya hay “niñas sicarias’’.

Las políticas públicas que se instrumentan a la fecha, resumió, “no terminan de considerar de manera suficiente’’ el impacto del reclutamiento infantil en el país por lo que llamó a su fortalecimiento para atender las distintas etapas del fenómeno como la prevención, desvinculación y reinserción.

Ramírez Hernández informó que la Redim y distintas organizaciones civiles abocadas al tema establecerán contacto con las Cámaras de Senadores y Diputados a fin de diseñar de manera conjunta las propuestas concretas de reformas legales estructurales y profundas que son necesarias para atender el problema.

Elena Azaola, profesora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), propuso que las políticas públicas para erradicar el problema no sean “trazadas en abstracto’’ porque no todos los infantes tienen las mismas características que los llevan a ser reclutados, y hacer un esfuerzo por trazar políticas públicas distintas por parte de los diversos sectores gubernamentales y de manera integral.

Las políticas públicas tienen que estar muy centradas en el contexto, recomendó, y explicó que cuando los niños viven violencia de género en sus casas eso les afecta más que la violencia dirigida a ellos.

“No hay ninguna otra cosa que pueda doler más a un niño en el mundo que ver que su madre es atacada; los predispone a ser sicarios. Pueden ser capaces de hacer cualquier cosa porque ya pasaron lo que se considera más difícil’’.

Desde su perspectiva, la militarización no contribuye a la atención que requiere el problema para su solución y comentó que hay testimonios de niños en que aseguran que los militares son los reclutadores para formar grupos delictivos.

Gabriela Polo Herrera, directora de políticas de prevención y atención de violencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), coincidió en la necesidad de modificar la legislación mexicana para tipificar de manera explícita el delito de reclutamiento infantil.

Josefina Pontigo Granados, coordinadora de diseño, asesoría y evaluación de políticas, programas y acciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el gobierno federal está haciendo un estudio diagnóstico sobre los factores de riesgo de las niñas, niños y adolescentes en el país y las razones del reclutamiento. “Ya llevamos 18 estados en el estudio’’, precisó, y que se atenderán los 45 centros de internamiento que hay en territorio nacional.

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