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Política

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Red de organizaciones alerta sobre creciente violencia contra migrantes en México

La octava edición del Informe anual de la REDODEM destaca que la violencia a la que se han enfrentado los migrantes también es resultado de la propagación de grupos delictivos, tanto locales como nacionales, y, en algunos casos, extranjeros o redes transnacionales criminales.

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Foto: Reuters.

La violencia que rodea el fenómeno de la migración en tránsito por México ha ido en aumento, resultado de la implementación de políticas migratorias que tienen como propósito la contención de los flujos, en donde se prioriza la seguridad nacional y no los derechos humanos de las personas migrantes, advierte la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM).

A través de su estudio “Movilidad humana en confinamiento: contención, vulneración de derechos y desprotección en México. Informe 2020”, esta red de organizaciones, casas, comedores y albergues que brindan ayuda humanitaria a personas migrantes, también concluyen que una característica del año 2020 en torno a las respuestas del estado mexicano en materia migratoria fue, por un lado, la suspensión de trámites y plazos, y por otro, la continuación y reforzamiento de sus actividades policiales y militares de control y persecución de población en situación de movilidad.

La octava edición del Informe anual de la REDODEM, que recoge datos y testimonios de migrantes y las personas trabajadoras humanitarias, destaca que la violencia a la que se han enfrentado los migrantes también es resultado de la propagación de grupos delictivos, tanto locales como nacionales, y, en algunos casos, extranjeros o redes transnacionales criminales.

Al tiempo que la violencia contra este sector ha crecido debido a la pandemia del Covid-19 y las dificultades que contrajo para acceder a la justicia y los mecanismos que garantizan los derechos.

El informe añade que la contención migratoria, como política por la que de manera abierta ha apostado el gobierno mexicano bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha permitido que las violaciones a derechos humanos persistan y se agraven, pues en la Región Sur Sureste del país, integrada por nueve entidades, la contención pandémica de los flujos migratorios ha permitido que se ejerce mayor violencia hacia las personas migrantes, principalmente durante los controles migratorios.

“Se ha detectado que la policía y la Guardia Nacional, acompañados de agentes del Inami, detienen medios de transporte como “combis” con uso excesivo de la fuerza. Migrantes refieren que, en ocasiones, hay golpes al momento de la solicitud de identificaciones; además, si las y los migrantes se niegan a mostrar su identificación, se les extorsiona para no ser detenidos y poder seguir su camino”, se plasma.

Mientras que también se ha detectado una importante presencia de “polleros/coyotes”, quienes crean expectativas a las personas migrantes y sobornan a la autoridad para que les permitan el libre paso. El costo aproximado de viaje desde la frontera sur a la frontera norte es de 200,000 pesos por persona, aunque en ocasiones los polleros dejen a las personas migrantes abandonadas. Otro delito cometido por los polleros, además del tráfico de personas, es el secuestro.

CJNG cobra fuerza contra migrantes en la Región Sur Sureste del país

En lo que respecta al crimen organizado, en Tierra Blanca y sus alrededores han reaparecido grupos criminales locales que asaltan o roban con machetes a las y los migrantes, ya sea en las vías, carreteras o lugares más solitarios, en especial cuando anochece.

En últimas fechas, se menciona que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha cobrado fuerza en la región, incluso más que los Zetas, con una mayor incidencia en las acciones violentas perpetradas contra la población migrante.

Asimismo, algunas personas migrantes han comentado también sobre la presencia de La Mara o grupos delictivos integrados por sus connacionales (Honduras y El Salvador), quienes operan coludidos con grupos de México, ya sea arriba del tren, en las carreteras o los retenes.

Por otra parte, la población de Tierra Blanca ha reaccionado algunas veces de manera violenta hacia los migrantes, a quienes gritan insultos por miedo al contagio de Covid-19, o bien algunos dueños de taxis, baños públicos o de quienes venden agua les cobran cantidades excesivas.

“La contención migratoria ha provocado que las fronteras internacionales mexicanas se encuentren abrumadas o colapsadas por personas migrantes detenidas, expulsadas o forzadas a 'aguantar' o esperar posibilidades de seguir su camino, o incluso de regresar a sus lugares de origen para reconfigurar sus planes o procesos migratorios.

“Si bien Chiapas y Tamaulipas, según cifras oficiales del gobierno mexicano, representaron durante 2020 entidades de alta contención migratoria de flujos, no deja de ser preocupante que a lo largo del Sur Sureste y otras rutas del país, la militarización y los abusos de cuerpos policiales o crimen organizado constituyen una gran amenaza para personas migrantes que viajan en condiciones más paupérrimas, y cada vez en compañía de más mujeres y niñez, de familiares huyendo de lugares insostenibles donde su vida corre peligro”, subrayan las organizaciones.

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