El pleno de la Cámara de Diputados turnó a comisiones una iniciativa ciudadana que pretende la reducción de los sueldos de los altos funcionarios, la eliminación de la pensión a expresidentes de la República, así como de la figura del fuero. La iniciativa es denominada Gobierno sin privilegios.

El Instituto Nacional Electoral (INE) validó las firmas de la iniciativa presentada por el ciudadano Carlos Augusto Morales López, por lo que el pleno de la Cámara turnó la propuesta a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis.

La iniciativa ciudadana modifica nueve artículos constitucionales, y plantea reducir sueldos a altos funcionarios, incluido el presidente; retirar los seguros de gastos médicos mayores de gobernantes, desaparecer el fuero y eliminar pensiones que gozan los exmandatarios.

El documento de la propuesta argumenta que “hoy, el presidente de la República, diputados, senadores, secretarios, ministros, magistrados, jueces, los integrantes de los órganos autónomos y en general todos los servidores públicos denominados de alto nivel, gozan de ostentosos privilegios, injustificables, inadmisibles e inexistentes en otros países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos”.

“En contraste con la mayoría del pueblo mexicano, que está sumergido en la espiral invertida que constituye la pobreza en un contexto de crisis cíclicas”, argumenta.

En otro tema, el pleno de la Cámara de Diputados también recibió tres iniciativas del Congreso de Jalisco.

La primera, reforma la fracción X del artículo 34 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción para eliminar la disposición que establece que no podrá ser designado secretario técnico de la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción el jefe de Gobierno de la Ciudad de México o un gobernador que no se haya separado de su cargo con un año de anticipación al día de su designación.

La segunda, reforma el párrafo tercero del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de precisar que se ordenará prisión preventiva oficiosa en todos los delitos graves cometidos contra la seguridad de la nación.

La tercera iniciativa expide la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Turista, a fin de garantizar el derecho de los usuarios de bienes y servicios turísticos a recibir justicia, mediante la asesoría, representación y defensa, recepción de quejas y emisión de recomendaciones en materia de defensa del usuario de bienes y servicios turísticos.