El fondo para la reparación del daño a las víctimas de la violencia que se analizará en el Senado requeriría de entre 225 millones y 300 millones de pesos anuales, si se toma en cuenta que anualmente ocurren poco más de 1,000 casos de muertes de personas inocentes en hechos de violencia provocados por las bandas del crimen organizado, según los propios legisladores.

La UNAM presentó su propuesta para crear la ley de víctimas, demandada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que inició el poeta Javier Sicilia. La Universidad propone asegurar a la víctima la restitución de la cosa obtenida por el delito y, si no fuere posible, el pago del precio de la misma al momento de la comisión del delito; la indemnización del daño material, incluyendo, tratamientos médicos curativos o psicoterapéuticos que, como consecuencia del delito, sean necesarios para que la víctima recupere la salud, y el daño moral; los salarios o ingresos dejados de percibir; el resarcimiento de los perjuicios ocasionados, conforme al Código Civil Federal o el correspondiente en la entidad federativa; las garantías de satisfacción, consistentes en las acciones orientadas al buen nombre de la víctima, su dignidad, su honor, así como las medidas simbólicas o de memoria de las víctimas.

De acuerdo con el diputado priísta Heliodoro Díaz Escárraga, quien en agosto del 2010 presentó un punto de acuerdo con relación al número de víctimas de la violencia en el país, no se debe tomar como parámetro los aproximadamente 47,500 fallecidos durante este sexenio, sino sólo 1,089 víctimas estrictamente inocentes que pudieran surgir en el 2012.

De allí que, para la reparación del daño a 1,089 potenciales víctimas, se requeriría de un fondo mínimo de 205 millones 854,976 pesos, cantidad a la que tendría que sumarse el porcentaje de incremento al salario mínimo que llegue a aprobarse para el año próximo.

El proyecto de la UNAM, entregado a la Junta de Coordinación Política del Senado, plantea que el daño causado a las víctimas por la comisión de un delito sea determinado por el Ministerio Público al momento del ejercicio de la acción penal y por la autoridad judicial en la sentencia respectiva.

La reparación del daño podría ser cubierta directamente a las víctimas por el sentenciado o por los terceros que estén obligados con él a dicha reparación.

El Fondo de Apoyo a las Víctimas se constituiría básicamente por la enajenación de los bienes que sean decomisados o causen abandono en los expedientes de investigación y procesos penales, según la competencia, en favor de la Federación, de una entidad federativa o del Distrito Federal.

El número de desaparecidos en el país preocupó al presidente Felipe Calderón y así lo externó el 10 de octubre del año pasado, día en que inauguró la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos (Províctima).

Ante el "muy alto" número de personas desaparecidas aseguró entonces que Províctima sería un referente para ayudar a los ciudadanos en la búsqueda de sus familiares.

Como una primera encomienda, el Presidente pidió a la titular de la Procuraduría Social, Sara Irene Herrerías, coadyuvar con el Registro Nacional de Víctimas de la Violencia, base enfocada sobre todo a los homicidios.

Calderón Hinojosa pidió a Herrerías señalar "con claridad" a las autoridades sumisas y negligentes ante el dolor de las víctimas, cosa que no ha ocurrido hasta ahora.

La institución se inauguró sin un presupuesto determinado y nació por un decreto presidencial que respondió a la exigencia ciudadana de atender a las víctimas y familiares de las víctimas del delito.

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