Nestora Salgado García, actual candidata al Senado por Morena, fue acusada por secuestro y delincuencia organizada por lo que estuvo dos años siete meses en prisión. En marzo del 2016 fue liberada luego que los jueces determinaran su inocencia.

La historia se remite al 2012 cuando en Olinalá, Guerrero, conformaron la policía comunitaria frente a la inseguridad que se padecía en la zona. Salgado fungió como comandanta y con la venia de la Asamblea Comunitaria, el grupo aplicaba sanciones a los infractores, principalmente a través del trabajo comunitario.

Un año después fuerzas federales la detuvieron por los presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro en contra de habitantes de Olinalá, a quienes según los denunciantes, cobraba montos para su liberación.

De nacionalidad mexicana y estadounidense, desde su detención se le negó asistencia consular, uno de los elementos utilizados por su defensa para después lograr su liberación.

De acuerdo con la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guerrero, se faculta a las policías comunitarias para presentar ante la Asamblea de la Comunidad a quienes estén señalados de cometer delitos y principalmente las sanciones son trabajos en beneficio de la comunidad.

De esto se originaron las denuncias en contra de Nestora Salgado al ser acusada de privar de la libertad al menos a 50 personas, lo que derivó en el señalamiento de delincuencia organizada.

La falta de expediente de las acusaciones y el no presentar a los detenidos ante un Ministerio Público fueron los principales argumentos para procesar a Salgado; sin embargo, la normativa para los pueblos indígenas permite que ellos apliquen sanciones, lo que permitió a su defensa argumentar a su favor y lograr su liberación.

La detención de Salgado García originó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de su Resolución 2/2015, solicitara la implementación de medidas cautelares a su favor a fin de proteger su vida e integridad personal.

Lo anterior ya que al estar recluida en el Centro Federal Femenil del Noreste, en Nayarit, no recibía atención médica necesaria.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 9/2016, en la que da cuenta de la violación a los derechos a la libertad personal e integridad, al debido proceso y pleno acceso a la jurisdicción del Estado en agravio de Salgado García y otros integrantes de la policía comunitaria.

El domingo, en el debate presidencial, el tema fue traído por el aspirante del PRI, José Antonio Meade.