Policías amplían declaración por caso Coppel

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) tomó una ampliación de las declaraciones a los elementos del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) que participaron en el fallido rescate de Yolanda Cevallos Coppel.

Autoridades de la PGJDF confirmaron que las comparecencias ministeriales tuvieron como objetivo deslindar responsabilidades de los agentes en la muerte de dos de sus comandantes, José Antonio Moreno Sánchez y Julio Rincón Juárez, en el operativo efectuado el 3 de julio pasado en una casa de seguridad.

Se trata de los agentes Moisés Galote, Mario Reyes, Silvano Tabeada, Mario Domínguez, quienes junto con los comandantes que perdieron la vida formaban la columna que entró al domicilio de Xochimilco y se enfrentaron con el líder de los plagiarios, Armando Gutierrez Solís, alias "El Iván".

De acuerdo con los estudios periciales y de balística de la procuraduría capitalina, en un fuego cruzado Moreno Sánchez y Rincón Juárez fueron alcanzados por balas de sus propios subordinados que se encontraban en la retaguardia, lo que provocó su muerte.

En este contexto, el Ministerio Público deslindará en las próximas horas las responsabilidades de los servidores públicos involucrados, a quienes podrían imputárseles cargos como ejercicio ilegal de servicio público.

Por otra parte, el área jurídica y de procesos de la PGJDF tomó conocimiento de la suspensión provisional en el juicio de amparo que tramitaron tres de los cuatro elementos judiciales arraigados por su posible responsabilidad en el secuestro de Cevallos Coppel.

Se trata del comandante de la Fuerza Antisecuestros (FAS), Erasmo Castillo de la Rosa, y de los agentes Alejandro Mejía Mariscal y Manuel Alejandro Ponce, quienes obtuvieron este recurso en contra de la orden de arraigo librada por el juez 52 en Materia Penal.

No obstante, de acuerdo con las autoridades de la PGJDF, dicha suspensión no tiene efecto aún sobre la medida cautelar aplicada a los servidores públicos involucrados, por lo que estos continuarán arraigados hasta que se resuelva una suspensión definitiva.

De acuerdo con la línea de investigación de la procuraduría local, esos elementos, así como el policía judicial Rodolgo Servín Castañeda, podrían haber tenido acceso a información del secuestro antes de que se consumara, por lo que podría imputárseles el delito de negación de servicio público agravada.

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