La Secretaría de la Función Pública (SFP) encontró “indicios y datos de posibles conductas irregulares” por parte del exdelegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, y empresas farmacéuticas en contratos del actual gobierno federal por más de 164 millones de pesos, informó Irma Eréndira Sandoval.

Destacó que esa dependencia tiene abiertas siete investigaciones por ese caso, cuatro sobre las empresas y tres más sobre conductas propias de Carlos Lomelí Bolaños, “contrarias a la legalidad, posiblemente atribuibles, que son sancionables a través de procedimientos administrativos disciplinarios”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la titular de la SFP dijo que dichas investigaciones “ya arrojan indicios y datos de posibles conductas irregulares”, por lo que una vez que concluyan se podrían aplicar sanciones que pueden ir desde la destitución hasta la inhabilitación por 20 años para desempeñar cualquier empleo público, además de que podría dar vista a la Fiscalía Anticorrupción.

Respecto de la renuncia de Lomelí al cargo, Irma Eréndira Sandoval aseguró que el 8 de junio pasado comunicó al coordinador de delegados de la Presidencia, Gabriel García Hernández, de sus investigaciones, y le externó la “conveniencia de tomar medidas preventivas para permitir el curso de las investigaciones”.

De acuerdo con la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Lomelí desconoció relación alguna con la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud, aunque las autoridades detectaron movimientos bancarios en esa empresa por parte de él, así como de su esposa, una de sus empleadas y dos de sus colaboradores más cercanos. Según dicha organización, cuando Lomelí ya era delegado, la empresa Abisalud, parte de una red de 20 empresas, recibió contratos por 164 millones de pesos del gobierno federal y otro de 36 millones con el gobierno de Veracruz.

Alfonso Romo no es investigado

Irma Eréndira Sandoval afirmó que la SFP tiene abiertas alrededor de 2,000 investigaciones contra funcionarios de gobiernos anteriores y nombrados recientemente. Sin embargo, aseguró que el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, no es uno de los indagados, pese a que el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, lo acusó de tener conflicto de interés por ser accionista en una casa de Bolsa.