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Suprema Corte decide atraer el caso sobre huachicol fiscal
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió atraer el caso que involucra a un empresario con el combate al llamado “huachicol fiscal”, relacionado con el presunto contrabando de más de 21 millones de litros de diésel y un daño estimado al erario por 173 millones de pesos.

El asunto gira en torno a definir si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene facultades para representar el interés fiscal de la federación.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió atraer el caso que involucra a un empresario con el combate al llamado “huachicol fiscal”, relacionado con el presunto contrabando de más de 21 millones de litros de diésel y un daño estimado al erario por 173 millones de pesos.
Dicha decisión se tomó tras la solicitud impulsada por el ministro Irving Espinosa Betanzo, quien propuso que el máximo tribunal analice el expediente debido a su relevancia jurídica. La determinación fue aprobada por unanimidad.
El asunto gira en torno a definir si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene facultades para representar el interés fiscal de la federación en casos de contrabando o si esta atribución corresponde exclusivamente a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), tras los cambios legales que le transfirieron funciones en materia aduanera.
Además, el caso involucra al empresario Edgar Marín Meza Moreno, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente introducir al país 28.7 millones de litros de diésel en 2019, de los cuales solo habría declarado poco más de 7 millones. La diferencia —más de 21 millones de litros— habría ingresado sin cumplir con las formalidades fiscales, generando un perjuicio millonario.
Por otro lado, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló presuntos vínculos empresariales y operaciones financieras relacionadas con el empresario Edgar Marín Meza Moreno, en el contexto de una red de comercialización de combustibles que ha sido señalada por posibles irregularidades fiscales.
Según el informe de la ONG, Marín Meza Moreno ha ocupado cargos directivos en empresas como “Impulsora de Productos Sustentables” y “Ecocarburante”, esta última identificada como una de las firmas clave dentro de una estructura empresarial que habría participado en actividades vinculadas al mercado ilícito de combustibles.
MCCI también documentó la relación operativa entre ambas empresas a través de socios, representantes legales y movimientos financieros. Uno de los elementos clave es un acuerdo aprobado en diciembre de 2020, en el que “Impulsora de Productos Sustentables” reconoció un adeudo por 175 millones de pesos con “Ecocarburante”, monto que posteriormente fue capitalizado, consolidando la participación accionaria de Marín Meza Moreno con más del 80% de la empresa.

