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Permanente valida la ley vs desaparición y tortura
Entre los casos de desaparición forzada denunciados se incluyen los perpetrados o con colaboración de servidores públicos.
Tras el respaldo de 19 congresos locales, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión le dio la validez a la reforma del Artículo 73 de la Constitución en materia de desaparición forzada de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, delitos que no sólo comete el crimen organizado sino funcionarios públicos.
La reforma fue enviada al presidente Enrique Peña Nieto para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y con ella se abre la puerta al Congreso para elaborar leyes generales sobre esos delitos.
La modificación constitucional tomó fuerza en el Congreso tras la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Fue una de las últimas reformas avaladas en abril, en el último periodo ordinario de sesiones de la LXII Legislatura.
Al fijar posición sobre el tema, el senador del Partido Revolucionario Institucional, Arturo Zamora, destacó que se deberán generar ordenamientos procesales que sean asequibles y que permitan investigar el paradero de personas desaparecidas de manera involuntaria, ya sea por una actividad del Estado, por la acción de un particular con la colaboración del Estado o por actividades de particulares.
El senador del Partido de la Revolución Democrática, Zoé Robledo, dijo que esta reforma no es un triunfo de los políticos, es la victoria de muchas voces de la sociedad civil, es la victoria de las víctimas, es la victoria de organizaciones, es la victoria del caso Radilla, del caso Cabrera García y Montiel Flores, del caso Rosendo Cantú, del caso Fernández Ortega .
Agregó que ante la cerrazón, ante los oídos sordos y la, muchas veces, ceguera del gobierno y sus representantes, también legislativos, no se había logrado reconocer que estos delitos incurren y ocurren de manera sistemática en nuestro país .
Por su parte, la senadora panista Pilar Ortega advirtió que el reto es elaborar leyes generales que garanticen una adecuada tipificación de las violaciones graves a derechos humanos, acordes a los instrumentos internacionales y que incluyan elementos como la privación de la libertad de una o más personas cometida por agentes del Estado o por particulares, penas adecuadas a la gravedad de la conducta y posibilidad de establecer atenuantes para aquellos que colaboren en el esclarecimiento de la desaparición.
La reforma fue aprobada por los congresos estatales de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán.
Los pormenores de la reforma
- La reforma al Artículo 73 de la Constitución abre la puerta al Congreso de la Unión para elaborar leyes generales en materia de desaparición forzada, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, la cuales se deberán concretar seis meses después de que el ordenamiento se publique en el DOF.
- La reforma tomó fuerza y fue respaldada por todos los grupos parlamentarios luego de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
- La aprobaron 19 congresos estatales y permitirá la regulación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
- Del 2006 y hasta abril del 2014 nadie fue condenado por desaparición forzada en México pese a que es uno de los ilícitos que más preocupa, afirmó Alejandra Ancheita Pagaza, ganadora del reconocimiento Martín Ennals 2014.
- La CNDH ha emitido 12 recomendaciones en materia de desaparición forzada en las que se han acreditado 30 casos de desaparición perpetrados del 26 de agosto de 1997 al 2 de junio del 2011 con la intervención de servidores públicos.
Estándares internacionales
México no cumple por completo en combate vs trata: Estados Unidos
Durante la actual administración, EU ha destinado casi 8 millones de dólares para el combate al delito de trata de personas en México, de los cuales 6.5 millones provienen de la Iniciativa Mérida y 1.2 millones de la Oficina de Trata de Personas del Departamento de Estado en Washington, de acuerdo con información dada a conocer por funcionarias estadounidenses.
Rebeca Morgan, oficial de la sección política de la embajada estadounidense en el país, expresó que de acuerdo con el actual Informe sobre la Trata de Personas del Departamento de Estado, México se ubica en el nivel 2. El documento mide a los estados nación con base en el desempeño de los estándares mínimos del Trafficking Victims Protection Act -TVPA de Estados Unidos en niveles del uno (cumplimiento) al tres (no cumplimiento).
Ello significa que el país no está cumpliendo completamente con las necesidades de la situación, pero está progresando para poder hacerlo así. Vemos algunos desafíos que todavía enfrenta México, especialmente en las áreas de servicios a víctimas , expuso.
Al presentar el Primer Laboratorio de Medios de Comunicación contra la Trata de Personas organizado por la Embajada y el Colectivo Contra la Trata de Personas , Morgan puntualizó que México y la Unión Americana están muy ligados en este problema. Afirmó que ambos gobiernos tienen una muy buena colaboración en el área.
Es así que, puntualizó, en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, se han destinado 6.5 millones de dólares de la Iniciativa Mérida, de los cuales 4 millones de dólares son operados por la Oficina Internacional de Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia del Departamento de Justicia y el resto, por otras oficinas.
Por su parte Janet Turnbull, asesora legal de la Oficina Internacional del Departamento de Justicia, indicó que han trabajado en capacitaciones en diversos estados del país como Oaxaca, Estado de México, DF, entre otros. (A. Langner)
