El CentroPro de Derechos Humanos que ha acompañado a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa indicó que a siete años de la desaparición de los normalistas y a tres años de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador aún hay pendientes importantes en el caso como investigar las decisiones de altas autoridades del gobierno anterior.

En un análisis presentado por la organización civil sobre el caso, precisó que entre los pendientes está el “consolidar nuevas acusaciones contra perpetradores de la desaparición forzada identificados con prueba lícita y contra actores privados que recobraron su libertad debido a las irregularidades de la investigación anterior”.

La ONG también precisó como pendientes “investigar con decisión a las altas autoridades del anterior gobierno que tomaron la decisión política de cerrar el caso con la verdad histórica, sin que hubiese evidencia científica para ello”, además de “resolver los graves retrasos en la asistencia victimal y las cargas des- proporcionadas de requisitos impuestos a las víctimas, debidos a los cambios en la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) y al desmantelamiento de sus mecanismos presupuestales. Máxime considerando que dos padres han muerto durante la pandemia”.

En este análisis, la organización refirió como “rezagos estructurales” el que si bien el caso de la desaparición de los normalistas muestra que las fuerzas castrenses han sido opacas en entregar información en el caso, aún siguen administrando información y se encuentran “más empoderadas que nunca”.

Además de que si bien en el asunto de los normalistas ha existido colaboración de las víctimas, dicha situación no se ha replicado en otros casos.

Avances parciales

En contraparte, el CentroPro calificó como avances parciales el que se hayan realizado nuevas identificaciones genéticas de normalistas.

Otro avance, indicó la ONG, es “el inicio de procesos penales por delincuencia organizada en contra de elementos de seguridad federales”, entre ellos un capitán del Ejército y el que se investigue actos de tortura cometidos durante la indagatoria anterior.

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