Familiares y compañeros de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, repudiaron los resultados de las investigaciones anunciadas este martes por el procurador de la República, Jesús Murillo Karam.

En conferencia de prensa, llevada a cabo la noche del martes para responder a la información presentada por la PGR, el vocero de los padres de familia, Felipe de la Cruz, afirmó que el movimiento no permitirá que las investigaciones cierren con la sola declaración de los detenidos.

Asimismo, refirió repudio a la manera en que el procurador Murillo Karam pretende cerrar el caso, pues afirmó que ello violenta el acuerdo que los padres de familia firmaron con Enrique Peña Nieto y en el que se establece que la información les sería dada a conocer primero a ellos.

Por su parte, el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales, advirtió una intención política de cerrar a toda prisa la averiguación, la cual, aseveró, no es concluyente.

Expuso que el caso aún no puede darse por concluido porque no existe certeza científica sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula. Ello debido a que existe un amplio historial de la PGR de modificación a modo de los peritajes, por lo que el Equipo Argentino de Antropología Forense los cotejen.

Asimismo, dijo, no puede ser concluyente y clara la declaración de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, pues no refiere horas ni momentos puntuales en el tiempo que supuestamente duraron los hechos. Es declaración hueca , sostuvo.

Abundó en que la información de la PGR depende exclusivamente de tres declaraciones de personas con tal grado delincuencial que no puede tener toda la veracidad en términos probatorios.

A su vez, argumentó, la Procuraduría dejó de investigar el asesinato Julio César Mondragón; lo que representa un cabo suelto dentro de toda la investigación.

A cuatro meses de los hechos de Iguala, prosiguió Vidulfo Rosales, faltan detenciones claves -como el del responsable de la policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez y su subalterno Francisco Salgado- cuyas declaraciones pudieran cambiar el rumbo de las investigaciones.

La PGR no ha logrado establecer juicio alguno por el delito de desaparición forzada, lo que quiere decir que a los funcionarios no se les consignará por este crimen, afirmó.

Tampoco se ha indagado la responsabilidad del Ejército y las autoridades cometen un error jurídico al decir que se ha consignado por homicidio, pues en realidad de nuevo se consignó por secuestro con la agravante de privación de la vida, lo que técnicamente implica una diferencia relevante.

Vemos que es una nueva etapa a la que arriba el gobierno federal; una nueva etapa que antecede a represión , sostuvo Vidulfo Rosales.

Finalmente, informó que una delegación irá ante el Comité sobre la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, ante el cual comparecerá el Estado mexicano en febrero próximo.

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