El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instó a la Procuraduría General de la República (PGR) a hacer públicas declaraciones ministeriales relacionadas con la Guerra Sucia.

Los expedientes que instó a hacer públicos son aquellos que incluyen las declaraciones del expresidente Luis Echeverría Álvarez, así como las de su entonces gabinete: el jefe del Estado Mayor Presidencial, Luis Gutiérrez Oropeza; el titular de la extinta Dirección Federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro; el comandante del Batallón Olimpia, Ernesto Gutiérrez Gómez Tagle, y la declaración de Alonso Aguirre Ramos, también jefe del Estado Mayor Presidencial; todas éstas contenidas en la averiguación previa AP PGR/FEMOSPP/02/2002.

El órgano autónomo precisó que en las versiones que se deben hacer públicas se debe eliminar información como nombre, edad, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, estado civil, ocupación, trayectoria laboral, CURP, RFC, números telefónicos, religión, instrucción escolar, en su caso rasgos fisonómicos y todos aquellos que identifiquen o hagan identificables a las personas en su calidad de testigos, víctimas e inculpados.

El comisionado del INAI, Joel Salas Suárez, que fue quien atrajo el caso, indicó que el derecho de acceso a la información pública permite a la población conocer documentos de nuestra historia para promover la rendición de cuentas, pero también para contribuir a escribir o reescribir la historia política reciente de nuestro país desde distintas perspectivas y con distintas miradas .

Salas Suárez dijo que el pleno del órgano ha discutido con anterioridad casos pertenecientes a la Guerra Sucia, así como a la represión estudiantil de 1968.

Agregó que una vez que se recopile la información solicitada mediante una solicitud de información por parte de un particular, se deberá garantizar que la información sea pública para cualquier interesado en los hechos ocurridos entonces; es por ello que es necesario que exista armonía entre los marcos normativos de acceso a la información, protección de datos y archivos.

Explicó que México tiene una deuda con la memoria y ésta sólo podrá ser saldada con los marcos normativos que brinden los insumos para garantizar el derecho a la verdad y la procuración de justicia; es decir, para atajar la impunidad .

En respuesta a la solicitud presentada se indicó que existen 167 copias de las declaraciones ministeriales que el ciudadano que solicitó la información podrá obtener, mediante un pago previo de los derechos correspondientes de los documentos.

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