Desde su gestación, la Ley General de Víctimas ha sido objeto de opiniones encontradas.

Se ha dicho que es una norma que rompe el paradigma arraigado en la sociedad, que solamente se protegen los derechos humanos de presuntos delincuentes y se ha hablado de la necesidad de revisarla para que funcione adecuadamente.

A través de una publicación, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) puntualizó que con la publicación de la Ley General de Víctimas y su posterior reforma, México cuenta ya con una herramienta para garantizar la protección de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos.

De esta manera se rompe el paradigma arraigado en la sociedad de que solamente se protegían los derechos humanos de presuntos delincuentes, lo que generaba la percepción constante de autoridades coludidas con criminales y abandono para quienes sufrían sus actos .

En tanto, la presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, demandó al Senado de la República que modifique la norma a fin de que se pueda brindar una atención adecuada a las personas afectadas por un delito.

El presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón, pidió a diputados y senadores modificar, de manera urgente, la ley, ya que las reglas actuales propician la revictimización y no permiten el pago inmediato de servicios funerarios y de salud.

En tanto, durante un foro, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a impulsar, junto al Congreso de la Unión, una reforma al modelo de atención a víctimas que permita hacerlo más eficiente sin que favorezca a los delincuentes.

ana.langner@eleconomista.mx