En el marco de la audiencia pública mediante el esquema de parlamento abierto para analizar la Ley de Amnistía propuesta por el Ejecutivo federal, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, consideró que ésta sería un paso positivo para subsanar las deficiencias e injusticias presentes en múltiples casos ventilados ante el sistema de justicia en México.

Jarab dijo compartir el punto de vista expresado en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial, ya que el sistema de justicia penal en México, a pesar de la mejora que ha tenido con la adopción del sistema de corte acusatorio, ha generado un gran número de víctimas de violaciones a derechos humanos, destacando las violaciones al debido proceso y a los derechos a la libertad e integridad de las personas.

En este tenor, y a fin de fortalecer la iniciativa, propuso ampliar los supuestos de aplicación de la ley a otros escenarios relativos, por ejemplo, a privación de la libertad de personas procesadas o sentenciadas por tipos penales que atentan contra la libertad de expresión y reprimen el derecho a la manifestación.

En tanto, el especialista en defensa de Derechos Humanos, Jacobo Dayán, dijo que la iniciativa presenta problemas tras ejemplificar que quienes fueron obligados a sembrar drogas —a los que se propone liberar— corren el riesgo de reincorporarse a sus comunidades y puden ser asesinados.

El presidente del Grupo Promotor de Cannabis, Erick Ponce Flores, enfatizó que la ley busca atender a la población que se encuentra en centros de reclusión, debido al contexto de marginación y pobreza.

Ángela Guerrero Alcántara, de Equis Justicia para las Mujeres, enfatizó que desde hace meses se impulsa que las mujeres que están en conflicto con la ley por delitos contra la salud sean visibilizadas en el Legislativo, a fin de tener un mecanismo legal que les ayude a salir de la cárcel a quienes no debieran estar ahí. (Con información de Rolando Ramos y Notimex)