La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) representaría un grave retroceso para los derechos humanos en México, además de que la transparencia y la privacidad se ven amenazadas, denunció Human Rights Watch.

A través de un análisis, la organización recordó que el gobierno mexicano tiene la obligación jurídica internacional de garantizar que toda persona pueda acceder a información oficial de manera oportuna y con pocas restricciones.

Así como de asegurar que toda persona pueda establecer qué datos personales sobre sí misma son procesados y almacenados y por qué, y que pueda solicitar la consulta, rectificación o eliminación de dicha información, ya sea que esté en manos del gobierno o de empresas privadas.

“El gobierno también está obligado a asegurar que exista un organismo independiente con la facultad de promover acciones legales contra el (mismo) gobierno o cualquier autoridad que viole las leyes sobre protección de datos personales.

“Y debe garantizar que toda persona a la que el gobierno niegue el acceso a información pública tenga la oportunidad de apelar esa decisión ante un órgano independiente con la facultad de investigar y resolver quejas, como lo es el INAI”, indicó.

Esto último después de que López Obrador ha sugerido que la función del INAI podría ser suplida por organismos de auditoría gubernamentales como la Secretaría de la Función Pública, que depende directamente del presidente, o la Auditoría Superior de la Federación, que responde al Congreso.

Por ello, Human Rights Watch señaló que estas instituciones dependen de las mismas autoridades a las que deberían hacer rendir cuentas, lo que significa que no funcionarían como un contralor independiente del secretismo gubernamental.

“El INAI ha sido fundamental para la protección de la privacidad y para que el público tenga acceso a información sobre corrupción gubernamental y violaciones de derechos humanos.

“Eliminar este organismo independiente y transferir sus funciones a entidades que responden al poder Ejecutivo o al Congreso es una fórmula perfecta para el secretismo y el abuso”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Se recordó que previo a la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI, que posteriormente se convirtió en el INAI) en el 2002 y su reforma en el 2013 —que otorgó autonomía al instituto e hizo sus resoluciones vinculantes—, “el secretismo oficial era la norma en México”.

Lo anterior, añadió la ONG, representaba un gran obstáculo para la defensa de los derechos humanos e impedía que los ciudadanos supieran qué información tenía el gobierno acerca de ellos o que tuvieran alguna posibilidad de opinar al respecto.

“Es fundamental que los mexicanos puedan recurrir a un organismo de vigilancia independiente cuando el gobierno, los partidos políticos, los sindicatos o las empresas privadas les nieguen el acceso a sus datos personales o el derecho a decidir sobre su uso”, expresó Vivanco.

Además de recordar casos en los que las solicitudes de información han sido clave para que periodistas pusieran al descubierto tramas de corrupción, que permitieron el desvío de cientos de millones de dólares destinados a servicios públicos como acceso a la salud y educación, o aquellas solicitudes de información formuladas a través del INAI que permitieron a activistas determinar la ubicación de más de 2,000 fosas clandestinas en todo México.

Organizaciones como México Evalúa también han defendido avances por la creación del INAI, como la difusión de escándalos de corrupción en el país, por ejemplo, la denominada “Estafa Maestra”, así como la obtención de información sobre matanzas, violaciones a DH y contrataciones públicas cuestionables.

maritza.perez@eleconomista.mx