La política migratoria del gobierno encabezada por Andrés Manuel López Obrador inició con un discurso de respeto a los derechos humanos, sin embargo, ha tomado una dirección restrictiva, ya que se salió de control la entrada de migrantes, especialmente centroamericanos que buscan llegar a la frontera norte para cruzar a Estados Unidos, coincidieron especialistas.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), entre octubre del 2018 —cuando ingresó la primera caravana—  y febrero de este año se han presentado ante la autoridad migratoria 57,041 personas bajo el procedimiento de no acreditar su situación en el país, es decir, 23.11% más, que los migrantes que se registraron entre octubre del 2017 y febrero del 2018, cuando hubo 46,334 retenidos.

Entrevistado por El Economista, el profesor e investigador del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte (Colef) , Félix Acosta, declaró que tras las declaraciones del gobierno actual de brindar mayor seguridad y respeto a los derechos humanos, los migrantes decidieron entrar al país en caravanas, mientras que en la administración de Enrique Peña Nieto viajaban en grupos más pequeños.

Explicó que en los últimos dos años de la administración de Peña Nieto, el gobierno mexicano dejó de contener el flujo migratorio en comparación con los dos primeros años del expresidente, cuando puso en marcha el plan Frontera Sur en el que se detenía cerca de 60% del flujo migratorio.

Frontera Sur fue impulsado en el 2014 y estaba enfocado a controlar el flujo de migrantes en los estados fronterizos con los países centroamericanos, las acciones planteadas por este programa fueron la detención y repatriación de los migrantes.

De acuerdo con el Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colef, entre junio del 2014 y junio del 2015 se registraron 93,613 detenciones, lo que equivale a 99% de detenciones realizadas en los dos años anteriores.

Acosta recordó que en enero del 2019 el gobierno federal entregó cerca de 13,000 visas humanitarias, por lo que consideró que habría un cambio de la política restrictiva de la pasada administración, además se mantendría un tránsito libre, regulado y ordenado de migrantes.

“Como a mitad de febrero el gobierno de López Obrador decidió que ya no iba a dar más visas humanitarias, entonces el asunto regresaba a la situación anterior a que este gobierno entrara. México está adoptando ya una política mucho más restrictiva hacia la migración en tránsito que es la misma que tenía Peña Nieto con la frontera sur, es una política que no permite que los migrantes transiten por territorio mexicano y que no lleguen a la frontera de Estados Unidos”.

El especialista argumentó que la política migratoria de la nueva administración se salió de control, ya que las autoridades no midieron el efecto del discurso sobre las altas oportunidades laborales en el territorio mexicano para recibir a los migrantes.

“Lo que ahora estamos viendo es que el INM, qué es el ejecutor de la política de migración, ha adoptado ya en los últimos dos o tres meses una actitud muy dura y restrictiva con los migrantes centroamericanos en lugar de procurarles con recursos del gobierno y coordinación de las organizaciones de la sociedad civil”.

Por su parte el líder de la organización Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mújica, opinó que la situación migratoria en el país se encuentra en desventaja pues ha causado caos en ambas fronteras de México, lo que también ha criminalizado a las caravanas.

Las políticas migratorias de este gobierno “no han hecho más que traer más criminalización a los migrantes; según el discurso de este gobierno, fue que tendrían una bienvenida pero la realidad es más de lo mismo: más represión, más xenofobia, más crueldad contra migrantes y niños en especial”.

De acuerdo con la encuesta nacional “Derechos humanos en México y política migratoria” del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Cámara de Diputados publicado en octubre pasado, 40.4% de los mexicanos considera que hay poco respeto a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos al tratar de incursionar al territorio nacional y 24.8% no cree que se respeten en nada sus derechos.

Sin embargo, la encuesta del Centro de Opinión Publica de la Universidad del Valle de México “Migración, apreciaciones hacia adentro y hacia afuera de la frontera”, publicada en marzo de este año, refiere que de 500 participantes 83% considera que la presencia de los migrantes centroamericanos generará problemas en el país.

En días pasados, la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que en los tres primeros meses del año han transitado por el país casi 300,000 personas, lo cual muestra los cambios en la política migratoria del país en comparación con la administración anterior.