Negociar con EU y ONU la regulación de drogas en México, visión del gobierno al 2024

El gobierno mexicano prevé negociar con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con Estados Unidos la regulación de todas las drogas ilícitas en México que actualmente se encuentran tipificadas en el marco legal, se expuso en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

El documento del proyecto de nación de la administración de Andrés Manuel López Obrador, que fue entregado a la Cámara de Diputados por la noche de ayer martes en donde será discutido y aprobado, señala que la estrategia de prohibición de drogas no ha dado resultados.

“La estrategia prohibicionista es ya insostenible, no sólo por la violencia que ha generado sino por sus malos resultados en materia de salud pública en la mayoría de los países en la que ha sido aplicada, esa estrategia no se ha traducido en una reducción del consume”, expone el Plan Nacional de Desarrollo.

Ante este panorama, el PND sostiene que la única alternativa es que el Estado renuncie a tratar de combatir las adiciones a través de la prohibición.

“La única posibilidad de reducir los niveles de consumos de drogas residen en levantar la prohibición de las que actualmente son ilícitas y reorientar los recursos actualmente destinado a combatir el trasiego y aplicarlos a programas —masivos, pero personalizados— de reinserción y desintoxicación”, se indica.

Estas medidas, se puntualiza en el PND se procurará que sean negociadas de manera bilateral con Estados Unidos y con la ONU.

Esta acción pertenece a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la cual fue presentada recientemente al Senado de la República.

Y es que se afirma en el PND entre el 2006 y el 2018 los gobierno mexicanos quisieron resolver el problema de inseguridad en México a través de la utilización de la fuerza militar y policía además del “populismo penal, consistente en endurecer los castigos a las acciones delictivas”.

No obstante, cabe recordar que recientemente por impulso del partido del presidente, Morena, se aprobó en el Congreso de la Unión y en los estados de la República una reforma constitucional al articulo 19, por la que se aumentan las conductas que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Esta reforma fue criticada por organizaciones civiles y organismos internacionales como la ONU por considerar que la medida de prisión oficiosa va contra los derechos humanos.