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Negocian en OEA seguimiento para caso Ayotzinapa
Desde ayer y hasta el viernes 29 de julio, las partes involucradas presentarán a la CIDH los acuerdos alcanzados en varias reuniones previas.
Con las negociaciones que funcionarios federales realizan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar seguimiento al caso Ayotzinapa, el gobierno mexicano atiende las preocupaciones que tomadores de decisiones estadounidenses tienen sobre la situación de los derechos humanos en el país, dijo la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu.
A partir de este miércoles y hasta el viernes del mes en curso, familiares de 43 normalistas que desaparecieron en septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero; sus representantes y funcionarios de la Secretaría de Gobernación, cancillería y de la Procuraduría General de la República, se encuentran en Washington para definir en la CIDH el mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa.
Esta acción, sostuvo en conferencia la titular de la diplomacia mexicana, da respuesta a la clase política estadounidense que ha hecho público su mortificación, como es el caso del Comité de Apropiaciones del Senado, que propuso condicionar 25% de la ayuda financiera destinada a la asistencia técnica de las Fuerzas Amadas nacionales al avance en las investigaciones de los casos Tlatlaya y Ayotzinapa.
Del 27 al 29 de julio, las partes involucradas presentarán a la CIDH los acuerdos alcanzados en varias reuniones celebradas con los padres de los estudiantes desaparecidos, así como con sus representantes legales.
Previo a esta cita, tanto funcionarios como involucrados sostuvieron cuatro reuniones previas para tratar de acordar los ocho puntos que debe contener el esquema de cooperación. Ambas partes acordaron algunos componentes del seguimiento a las medidas cautelares. Sin embargo, el número de visitas de los futuros integrantes del instrumento y el tiempo de las mismas son el principal foco de tensión.
Con base en los acuerdos que serán presentados, corresponde a la CIDH dictar las acciones correspondientes para el cumplimiento de las medidas cautelares en este caso.
De parte de la Secretaría de Gobernación acude Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos; de la cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Asuntos Multilaterales, y Eber Omar Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR.
Sobre la propuesta legislativa de condicionar la asistencia técnica, la SRE refirió que el gobierno de México tiene un compromiso total con la promoción y defensa de los derechos humanos y (...) disposición al escrutinio internacional .
