Los esfuerzos del gobierno mexicano por fortalecer la protección a migrantes han quedado muy por debajo de sus necesidades, de acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés) y nueve organizaciones con presencia en México.

En el informe Un camino incierto: Justicia para delitos y violaciones a los derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas en México , la decena de organismos civiles exhiben que no existe aún acceso efectivo a la justicia para migrantes víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos, a pesar de la creación de nuevas fiscalías especializadas.

A ello se suma una carencia de datos contundentes sobre la procuración de justicia para migrantes en el país. Las estadísticas más precisas vienen de la fiscalía especializada en Oaxaca, la cual reporta que, de las 383 denuncias de delitos recibidas en cuatro años, sólo 96 resultaron en una averiguación previa, mientras sólo cuatro resultaron en sentencias.

Si bien la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las comisiones estatales son más accesibles para exigir justicia, según el informe, sus procedimientos y capacidades investigativas parecen poco ágiles y efectivos.

Es lamentable que de las 1,617 quejas de violaciones a los derechos humanos contra migrantes recibidas por la CNDH, del 1 de diciembre del 2012 hasta el 15 de junio del 2015, solamente cuatro resultaron en una recomendación , critican las no gubernamentales a través del documento.

El informe reitera que el Programa Frontera Sur (PFS) ha aumentado de manera significativa los operativos de revisión migratoria, las detenciones y las deportaciones de migrantes.

Las organizaciones no gubernamentales destacan que en el 2014, el Instituto Nacional de Migración (INM) gastó el mayor presupuesto de su historia. Este aumento va de la mano con el aumento en las detenciones de migrantes .

ana.langner@eleconomista.mx