Martí acusa a gobernadores de ser obstáculo para la justicia

Al recordar que 18 estados no han avanzado en la aplicación de la reforma penal, el empresario Alejandro Martí expuso que algunos gobernadores son de miras muy cortas y no tienen la capacidad para entender que el país es primero, por el contrario, asumen a México como botín.

El Presidente de la organización México SOS lamentó que el país esté secuestrado por los intereses de una clase política con un ADN profundamente antidemocrático .

Frente al presidente Felipe Calderón, quien inauguró el IV Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia. A cuatro años de la reforma penal: lo que falta, Martí dijo que el estado que guardan las instituciones de justicia en ciertas entidades federativas es sumamente preocupante.

La actitud de muchos gobernadores es de un absoluto e irresponsable desdén. Siguen siendo un gran obstáculo a la implementación de la reforma y es que el problema real es que esos políticos son de miras muy cortas, no se han dado cuenta de que los ciudadanos hemos cambiado, de que el país es otro , comentó.

En el foro, en un hotel de Polanco, exhibió que esta clase de gobernantes asume las propuestas de reforma como una amenaza a su proyecto político.

Argumentó que a cuatro años de la reforma penal que debe aplicarse en el país a más tardar en el 2016 hay resultados claros: de los 31 estados y el Distrito Federal, tres entidades operan totalmente la reforma, ocho lo hacen parcialmente, cinco tienen aprobado en sus congresos locales el Código Penal estatal y cuatro cuentan con una legislación aprobada para ordenar el nuevo sistema a partir del 2013.

Sin embargo, existen aún 18 entidades que no han implementado todavía el nuevo sistema; es decir, a los gobernantes de 18 estados no les urge generar condiciones de mejor justicia para sus ciudadanos , manifestó.

El empresario habló frente a Calderón, el Embajador de Estados Unidos en México, los líderes de organizaciones civiles y los titulares de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de la República. Ningún Gobernador estuvo presente.

Advirtió a los gobernadores que el dinero no es pretexto para que se atrasen en la implementación de la reforma penal pues este año se canalizaron a los estados, de manera global, más de 440 millones de pesos.

En consecuencia, los recursos no pueden ser una justificación. Amén de que se instalaron créditos a los estados, cuyo valor de costo es cero completamente. Créditos realmente libres para los estados a cargo de la Federación, para la implementación de la justicia , dijo.

Finalizó haciendo un llamado a los legisladores para que aprueben lo antes posible el Código Federal de Procedimientos Penales, el cual ha quedado rezagado debido a que la coyuntura electoral ha contaminado la vida pública y el interés nacional .

tania.rosas@eleconomista.mx