Desde someter a trabajadores al polígrafo, apropiarse de la difusión institucional y hasta modificar el sentido de las resoluciones del pleno del tribunal, fueron parte de los argumentos que exhibieron los magistrados Felipe de la Mata Pizaña; Janine Otálora; Indalfer Infante; Reyes Rodríguez y Felipe Fuentes Barrera, para impulsar la remoción del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez.

En el documento remoción de Vargas, del que El Economista obtuvo una copia, los cinco magistrados dan cuentan de una decena de actuaciones indebidas por parte de la presidencia de Vargas.

“Desde el inicio de la presidencia aludida, se han advertido diversas inconsistencias en el turno de los medios de impugnación, relacionados con la omisión de publicar en estrados el acuerdo de turno, la discrecionalidad e inconsistencia al momento de turnar asuntos con vinculación, así como la discrecionalidad en el turno cuando las y los magistrados se encuentran de vacaciones o de licencia. De la misma forma, se han advertido irregularidades en cuanto a las notificaciones de los medios de impugnación, ya que en diferentes ocasiones se han realizado de manera inoportuna o fuera del término que señala la ley”, plantearon los magistrados.

Como una segunda irregularidad, narraron que en la sesión del 14 de diciembre de 2020 se ordenó vincular a los partidos políticos nacionales a postular a siete candidatas como parte de la equidad de género. Sin embargo, en un boletín de la institución, se dijo que los partidos deberían postular al mayor número de mujeres posible.

Mencionaron que en marzo de este año tuvieron que deslindarse de las declaraciones de José Luis Vargas, quien acusó a los consejeros de la Judicatura Federal, integrantes de la Comisión de Administración del Tribunal, de impedir el adecuado funcionamiento del tribunal.

También expusieron como irregularidad el hecho de que el 21 de abril de este año, el magistrado José Luis Vargas difirió unilateralmente la sesión programada para un día después donde se definiría el futuro de las candidaturas de Morena a los gobiernos de Michoacán y Guerrero.

Indicaron que otra irregularidad de la presidencia de Vargas ocurrió el 18 de mayo de este año, cuando el secretario general de Acuerdos, por instrucciones del presidente, solicitó conocer el sentido de los votos de los magistrados previo a las sesiones públicas, ante lo cual respondieron que no era posible atender la petición en virtud de su autonomía e independencia.

“A partir de la emisión del oficio mencionado, el presidente José Luis Vargas Valdez ha interrumpido de forma unilateral y en distintas ocasiones las sesiones públicas del tribunal, justificando de que el secretario general de Acuerdos debe corroborar el sentido de la votación de los medios de impugnación”, acusaron.

Los cinco magistrados promoventes de la remoción de Vargas Valdez recordaron que posterior a la sesión pública del 5 de junio, le solicitaron discutir la remoción del Secretario de Acuerdos y del Subsecretario de Acuerdos, “por diversas irregularidades en cuanto el desempeño de sus funciones. El magistrado presidente se negó a someter a discusión el tema y de forma unilateral dio por terminada la sesión, desconectando la videoconferencia”.

Asimismo, acusaron a Vargas de apropiarse prácticamente de la difusión institucional, ya que los boletines de prensa tuvieron una cobertura de 35.16% hacia su persona, mientras que el resto de los magistrados tuvieron una cobertura de entre 4.17 y 16.6 por ciento.

También recordaron que el 28 de junio, en una sesión pública, José Luis Vargas afirmó que sus votos eran independientes y no en “manada”, ante lo cual tuvieron que demandar su respeto.

Los cinco magistrados resaltaron que el 28 de julio conocieron que por instrucción de la presidencia, diversas áreas del tribunal aplicaban de manera forzosa la prueba del polígrafo, situación que llevó al despido de algunos trabajadores.

Finalmente, pusieron como argumento para remover a Vargas, que el 30 de julio se dio a conocer que un juez de control ordenó a la Fiscalía General de la República reabrir la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y depósitos indebidos en el extranjero.

jorge.monroy@eleconomista.mx

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