Resultado del Pacto por México, acuerdo político promovido por el expresidente Enrique Peña Nieto, el Congreso de la Unión aprobó en el sexenio anterior las llamadas reformas estructurales en materia energética, de telecomunicaciones, hacendaria y laboral, entre otras, de 11 en total, con el objetivo principal de elevar la productividad del país para impulsar el crecimiento económico.

Anunciado como “la nueva ruta para México y su economía”, el documento fue firmado en el Alcázar del Castillo de Chapultepec por Peña Nieto el 2 de diciembre del 2012, al día siguiente de asumir el poder, y los presidentes nacionales del PRI, PAN y PRD, María Cristina Díaz Salazar, Gustavo Madero Muñoz y Jesús Zambrano Grijalva, respectivamente.

El Pacto prometió aumentar el crecimiento económico a más de 5% anual y la inversión por encima de 25% del Producto Interno Bruto (PIB).

Las reformas estructurales referidas fueron aprobadas en el Senado de la República y la Cámara de Diputados en tiempo récord. Hoy se sabe que fue posible “realizar una reforma energética que sea motor de inversión y desarrollo”, como estableció el acuerdo suscrito, porque el gobierno federal presuntamente sobornó a legisladores para comprar su voto y garantizar la aprobación, a decir del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué ganó realmente el gobierno de Peña Nieto con las reformas estructurales?

“Un golpe político espectacular, sobre todo un impacto mediático”, respondió José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico AC.

“En su momento se vio como una operación política muy exitosa. Se planteaba que esas reformas estructurales se habían obtenido en un tiempo relativamente muy corto y que con eso el país iba a tener capacidad de crecer... de hecho algunas revistas internacionales hasta titularon ‘Salvando a México’”, recordó.

Aumentar la recaudación

Luis Foncerrada Pascal, economista jefe de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en México, habló sobre los efectos positivos de las reformas estructurales económicas.

“La reforma energética, sin duda, para el país fue muy importante porque se planteó la posibilidad de que se pudieran desarrollar estos pozos en aguas profundas y en aguas someras y en tierra, con participación del sector privado. Eso le permitía, sin duda, a México recuperar la producción de petróleo y al gobierno tener los recursos que había dejado de tener. Eso, de una parte. Y, por supuesto, ir abriendo a las otras energías renovables”.

Entre las ventajas de la reforma en telecomunicaciones, consideró que “hubo un paso importante porque al país le benefició el que hubiese más competencia y el que se redujeran, en general, los costos de la telefonía, sobre todo la celular.

“Eso tuvo un impacto muy importante y muy claro y se notó hasta en el Índice de Precios al Consumidor.

“La (reforma) hacendaria tuvo un impacto muy importante, a pesar de que no fue una reforma integral y que se dio fundamentalmente alrededor de incrementos en las tasas. Sobre todo la fiscal tuvo un efecto importantísimo porque logró pasar la recaudación de 9 a 14% del PIB. Esto fue un logro extraordinario. Diría que fue el logro más importante de la administración de Peña Nieto.

“Lo que no se dio y realmente fue un desastre en la política fiscal es que hubo un endeudamiento extraordinariamente alto, sin inversión pública. Entonces, una enorme cantidad de recursos se despilfarraron, se desviaron  e indudablemente ese fue uno de los elementos de la enorme corrupción que hubo, pero lo más dramático es que normalmente un país se endeuda para poder financiar inversión pública y mejorar la infraestructura y así la competitividad del sector privado.

“Y esto no sucedió a pesar del enorme endeudamiento y del enorme incremento en los ingresos propios, a partir de la reforma tributaria. Pero en términos de gasto no vimos nada de eso, en términos de inversión, lo que llevó a un brutal endeudamiento sin lograr mejor infraestructura.

“La inversión pública tuvo una caída brutal. Los niveles de inversión pública sólo eran comparables con lo que había sucedido 80 años antes, en 1940; de esos niveles era la inversión pública como proporción del PIB”.

Cuestionado sobre las desventajas de las reformas estructurales, Foncerrada Pascal afirmó que “fueron incompletas en general... se quedaron como a la mitad en muchos casos”.

Asimismo, no ve riesgo de más contrarreformas, como sucedió con la reforma constitucional en materia educativa, derogada por el Congreso de la Unión a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En la parte hacendaria creo que no. La reforma tributaria, que en realidad a eso se redujo la hacendaria, no veo que se pueda echar para atrás; para nada. Al contrario, sería darse un tiro en el pie. Hay mucho qué hacer y mejorarla.

“La de telecomunicaciones ha sido muy positiva en términos de la competencia; entonces, yo para nada pensaría que pueda haber marcha atrás.

“Con la energética tenemos un problema porque sí, Pemex no ha podido recurrir a capital privado, nacional o extranjero, y por lo tanto la producción petrolera no se está recuperando y Pemex está en una situación extraordinariamente grave.

“Ahí tendrían que repensarse las cosas que se han detenido, que ya se han suspendido, y lo mismo en el campo tanto de la producción de energía a través de métodos eólicos como solar, tanto por las metas que tenemos para energía limpia como por la importancia del medio ambiente.

“Es fundamental cuidar la inversión privada en esos campos y esa parte se está descuidando, aunque ya algunas de las decisiones fueron echadas para atrás por un juez  y ya están empezando a funcionar algunos de estos generadores”.

Quedaron a deber las reformas

Desde el punto de vista de De la Cruz, con las reformas estructurales las desventajas fueron más que las ventajas.

“En términos económicos, realmente el país siguió en su senda de crecimiento de 2 por ciento. Algunas de las reformas, como por ejemplo la laboral, no revirtieron la precarización del trabajo, del empleo. La educativa tampoco sirvió para elevar la calidad de la educación.

“Me parece que fue, sobre todo, un impacto mediático y político el que se tuvo con las llamadas reformas estructurales”.

Con respecto a los supuestos sobornos a legisladores, comentó que, en términos generales, los mecanismos que se utilizaron para lograr la aprobación de las reformas apenas se están conociendo, pero que indistintamente del medio o la forma en que se hayan instrumentado los cambios “al final del día, en la parte estrictamente económica, el resultado fue un país que creció, en promedio, 2.3% en el sexenio”.

En su opinión, las reformas estructurales fueron poco exitosas.

“Las reformas ya no eran lo que necesitaba el país en ese momento. Mi perspectiva es que, en realidad, fueron cambios que nos distrajeron de lo que se necesitaba hacer: política industrial.

“Ya estaban a destiempo. El país necesita otro tipo de arquitectura de política económica, de desarrollo industrial y, en concreto, las reformas que se lograron no llevaban esa lógica”.

Los actores políticos que hicieron posibles estos cambios legislativos

Enrique Peña Nieto

Presidente de México del 1 de diciembre del 20l2 al 30 de noviembre del 2018, al día siguiente de asumir el cargo firmó el Pacto por México con los presidentes del partido oficial, el PRI, y del PRD y PAN, las principales fuerzas políticas de oposición. Durante su mandato y producto del acuerdo político referido, en el Congreso de la Unión se aprobaron 11 reformas estructurales, algunas de las cuales requerían de modificar la Constitución y llevaban mucho tiempo sin poder concretarse, entre otras, y sobre todo, la energética, para modernizar el sector y detonar la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleos.

Se logró, además, la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión para fomentar la competencia efectiva en televisión, radio, telefonía e Internet y contribuir a cerrar la brecha digital e integrar de manera plena a México a la sociedad del conocimiento.

Fueron aprobadas también las reformas hacendaria, para incrementar la recaudación; y la financiera, que creó condiciones para que personas y empresas contaran con más crédito y más barato; así como en materia de competencia económica, laboral, educativa, de política electoral y de transparencia.

El mandatario mexicano participó directamente en la negociación del citado acuerdo, que durante tres meses y en secreto realizaron representantes priistas, perredistas y panistas; los desacuerdos sobre los cambios en el sector energético estuvieron a punto de abortar el citado pacto.

El pasado 15 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró durante su conferencia matutina que hubo sobornos durante la administración anterior para aprobar la reforma energética.

“Hay información de que para obtener los votos de la reforma energética hubo sobornos. Entonces, todo esto debe de darse a conocer Qué bien que aceptó el señor Lozoya regresar y se comprometió a informar de cuál es esta situación, qué fue lo que sucedió”, dijo el Ejecutivo.

En tanto, el senador Ricardo Monreal, actual presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijo hace unos días sospechar, en su momento, como diputado federal, que de parte del gobierno de Peña Nieto no sólo se ejercieron “presiones económicas” para votar a favor de la reforma energética, sino también otras cinco reformas estructurales: fiscal, educativa, de telecomunicaciones, de amparo y laboral.

Luis Videgaray Caso

Entre agosto y diciembre del 2013, desde que se presentó la iniciativa presidencial de reforma constitucional en materia energética al Congreso de la Unión y hasta su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, el mexiquense se desempeñaba como secretario de Hacienda y Crédito Público.

Pedro Joaquín Coldwell

Renunció a la presidencia nacional del PRI para asumir el cargo de secretario de Energía, mismo que desempeñó durante todo el gobierno de Peña Nieto. Participó, de manera formal, en la negociación de la reforma energética.

José Antonio Meade

Durante el mandato presidencial de Enrique Peña Nieto ocupó tres secretarías de Estado: de Relaciones Exteriores (del 1 de diciembre del 2012 al 27 de agosto del 2015), de Desarrollo Social (del 28 de agosto del 2015 al 6 de septiembre del 2016) y de Hacienda y Crédito Público (del 7 de septiembre del 2016 al 27 de noviembre del 2017); dejó el cargo tras ser designado por el mandatario mexicano como candidato presidencial del PRI. Quedó en tercer lugar de la contienda.

Miguel Ángel Osorio Chong

Fue secretario de Gobernación durante prácticamente todo el sexenio en que se aprobaron las llamadas reformas estructurales. La responsabilidad de la política interior recayó en él.

David Penchyna Grub

Senador priista por Hidalgo durante las LXII y LXIII Legislaturas del Congreso de la Unión, presidió la Comisión de Energía del 2012 al 2015, periodo en que se negoció y aprobó la reforma energética. La enmienda constitucional fue aprobada en la Cámara Alta el 11 de octubre del 2013. El 11 de agosto del 2014 fueron promulgadas las leyes secundarias de dicha reforma. Penchyna dejó su escaño para ocupar, del 2015 al 2018, la dirección general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Junto con los presidentes de comisión, los secretarios de las mismas se encargan de negociar los cambios legales. Fueron secretarios de la comisión los senadores José Ascención Orihuela Bárcenas y Carlos Romero Deschamps, por el PRI; y por el PAN la integró Jorge Luis Lavalle Maury.

Marco Antonio Bernal Gutiérrez

Diputado federal plurinominal del PRI en la LXII Legislatura, el tamaulipeco presidió la Comisión de Energía. La reforma constitucional energética se aprobó, en San Lázaro, el 12 de octubre del 2013. Como secretarios de la comisión se desempeñaron, entre otros, los priistas Ricardo Aldana Prieto, Antonio Astiazarán, Fernando de las Fuentes y Wiliams Ochoa; los panistas Juan Bueno Torio y Rubén Camarillo; y el perredista Luis Ángel Espinosa Cházaro.

María Cristina Díaz Salazar

Firmó el Pacto por México como presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Desempeñó el cargo menos de 15 días, del 30 de noviembre al 11 de diciembre del 2012. La sucedió César Camacho Quiroz, quien dejó el cargo para ocupar su curul como diputado federal del 2015 al 2018.

Jesús Zambrano Grijalva

Entre 2012 y 2014 fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en cuya calidad firmó el Pacto por México, del que fue promotor junto con Jesús Ortega, su predecesor en el cargo, a quien se atribuyó la autoría del acuerdo político que permitió a la izquierda en México pactar con el gobierno federal. Del 2015 al 2018 el sonorense fue diputado federal y presidió un año la Mesa Directiva.

Gustavo Madero Muñoz

Como presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) 2010-2015 firmó el Pacto por México. Negoció con Peña Nieto la aprobación de las reformas estructurales –el presidente de México que como candidato arrebató el poder a los panistas tras dos sexenios, y durante la gestión del chihuahuense–, desde la tercera posición como fuerza política nacional a la que cayó el PAN luego de los comicios presidenciales del 2012.

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