A tres meses de iniciada la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la principal preocupación del sector empresarial es la no aplicación del Estado de Derecho, planteó Francisco Lelo de Larrea.

El director de Investigación del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) destacó que los empresarios han sido contundentes en pedirle al presidente de México que se hagan valer las leyes, porque de lo contrario, no llegará la inversión que requiere el país para crecer económicamente.

En ese sentido, comentó que no hay que permitir que se repitan bloqueos como los realizados hace algunas semanas por normalistas a vías férreas en Michoacán en los que ni el gobierno estatal ni el federal aplicaron el Estado de Derecho, propiciando importantes pérdidas económicas para empresarios que no pudieron transportar sus mercancías.

“Uno de los principales ingredientes para la inversión tanto nacional como extranjera es la certidumbre, eso no quiere decir que no existan los riesgos, pero la incertidumbre que deriva de la no aplicación del Estado de Derecho es algo que realmente preocupa al sector, a cualquier empresario y emprendedor”, explicó.

El también licenciado en Economía por el ITAM aseguró que el apoyo que piden los empresarios al gobierno federal no son privilegios, sino que sólo solicitan que cumpla con su obligación como Estado.

El apoyo que pedimos no consiste en subsidios o privilegios. En un país donde tenemos altos niveles de corrupción e inseguridad en varias regiones, quién podría invertir en una empresa de transporte carretero, por ejemplo, si sabe que la probabilidad de que sea asaltado su camión y robada la mercancía es alta.

El especialista en elaborar análisis y reportes económicos de los sectores productivos del país indicó que es fundamental que las autoridades generen condiciones de seguridad pública, pero además que garanticen para quien sea víctima de algún delito el acceso a una justicia rápida y expedita. De hacerlo, precisó, la inversión nacional y extranjera en el país se multiplicará.

“Queremos en conjunto combatir la inseguridad, pero sí corresponde claramente al Estado esa tarea, porque éste tiene la potestad de la fuerza pública, en la medida en que combatamos la inseguridad, se favorecerá la economía”, manifestó.

IP se suma a la lucha contra la corrupción

En entrevista, Lelo de Larrea Padilla sostuvo que los empresarios reconocen la intención del nuevo gobierno a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir frontalmente la corrupción, a la cual también se suman como sector privado, pues el beneficio es para el país.

“Hay una intención muy clara de combatir la corrupción y todos estamos de acuerdo porque es una práctica que eleva los costos y desalienta la inversión”.

Respecto a la relación con el gobierno federal, comentó que hay intención y compromiso de ambas partes para trabajar por el bien común de México, por lo que se debe aprovechar que el país tiene un régimen de economía mixta que permite que la inversión pública sea complementada por la privada.

Hay compromisos en común entre el sector público y el sector privado que apuntan a lograr un crecimiento de 4% e ir minando y, en su momento, exterminar la corrupción. El mensaje ha sido de trabajar juntos.

Anotó que el sector empresarial tiene confianza en el gobierno, por lo cual la semana pasada ambos se comprometieron a colaborar para lograr un crecimiento económico de 4% y acabar con la pobreza extrema en seis años.

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