La ASF pondrá lupa a apoyos de México a Centroamérica

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) examinará la transición de la Policía Federal a la Guardia Nacional “con resultados en tiempo real”, al igual que el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica.

Durante el octavo Seminario Internacional Democracias capturadas. Desafíos para América Latina, realizado en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), David Colmenares Páramo, auditor Superior de la Federación, dijo que se formó un equipo con sus homólogos de Honduras, El Salvador y Guatemala, que se reunió por primera vez la semana pasada en El Salvador, para revisar el destino de los recursos entregados por el gobierno mexicano a los países de América Central, como parte de un plan para impulsar su desarrollo y así bajar la migración proveniente de aquellos países.

En este contexto, el auditor reconoció que en materia de lucha contra la corrupción falta mucho, sobre todo en transparencia fiscal, al ser un proceso inacabado en donde todavía quedan varias asignaturas pendientes tanto de carácter jurídico como de implementación. Además de temas “como el manejo de los asuntos de interés colectivo para hacer valer el derecho a la información, la fiscalización del ejercicio de gobierno y los recursos públicos, el trabajar por un sistema de procuración e impartición de justicia robusto que ataque la impunidad”, agregó.

Ante esto, llamó a que organizaciones sociales, académicos, instituciones del Estado e incluso el sector privado trabajen para el fortalecimiento del Estado de derecho.

“Estamos conscientes de la necesidad de que la labor fiscal se articule con otras instancias dedicadas a la rendición de cuentas y la cadena de planeación presupuestaria, para generar inteligencia”, dijo.

Por lo que desde hace varios años, añadió, la ASF ha hecho valoraciones anuales sobre la participación ciudadana en los diferentes programas sociales para considerar su impacto en la rendición de cuentas.

Por su parte, Carla Humphrey Jordan, directora de asuntos normativos institucionales de la Unidad de inteligencia financiera (UIF) de Hacienda, informó que en la actualidad se elabora la evaluación nacional de riesgos, un documento que será base para identificar los sectores de riesgo o vulnerables de lavado de dinero.

Agregó que en el 2016 la delincuencia organizada, el uso de puertos internacionales, la corrupción y la economía informal fueron los rubros que representaron mayor riesgo.

“Hasta el momento, la delincuencia organizada es el principal riesgo, se identifican a ocho organizaciones como principales a nivel nacional y ocho grupos que han tomado fuerza en los últimos tres años; presentes en Guerrero, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México, principalmente”, dijo.

Detalló que durante la nueva administración, a nivel federal, hay 870 personas bloqueadas por lavado de dinero, con 8,995 cuentas bancarias suspendidas. Entre los montos bloqueados hay 4 millones de pesos y 38 millones de dólares a responsables directos y 805 millones de pesos y 8 millones de dólares contra terceras personas.

Mientras que han presentado denuncias contra 52 servidores públicos, 328 personas físicas y 271 personas morales por delitos financieros.

Durante el seminario, donde participaron diversos especialistas, Mauricio Merino, de la Red por la Rendición de Cuentas, consideró que el Estado no ha logrado enfrentar el problema de seguridad y que los hechos de Culiacán, Sinaloa, son un reflejo de la debilidad de las instituciones, porque las hace incapaces de resolver los problemas concretos.