El Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe final sobre el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos en donde señala que las investigaciones realizadas carecen de una directriz clara aunado a que aún no hay aprehensiones de actores estatales inmiscuidos en el caso.

“El Mecanismo Especial observa que persisten una serie de desafíos como: una investigación fragmentada, incompleta y sin una directriz clara investigativa; falta de detenciones y consignaciones por desaparición forzada; falta de detenciones de actores estatales por acción u omisión”, indicó.

El Mecanismo afirmó también que, pese a las pruebas aportadas, el discurso oficial se centra aún en versiones ya descalificadas.   

“Preocupa a la Comisión que aún no haya un cambio en la narrativa oficial en relación con la línea de investigación del basurero de Cocula, a pesar de lo señalado por esta Comisión, el GIEI (Grupo Internacional de Expertos Independientes), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)”, señaló la CIDH.

El informe insta también a que se realicen investigaciones sobre las policías municipales de Tepecoacuilco, Pilcaya, Eduardo Neri, Buenavista de Cuéllar y Apaxtla.

En tanto que, sobre los elementos militares que tuvieron participación en los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de noviembre, el órgano continental de procuración de los derechos fundamentales indicó que se deben realizar indagatorias más exhaustivas.

En general, señala el documento, existen falta de avances por parte de las autoridades en el caso.

“Por ejemplo, sigue pendiente de resolverse un recurso de Amparo interpuesto por los familiares ante la conclusión emitida por la nueva titular de la Visitaduría respecto de las irregularidades en las diligencias realizadas en el Río San Juan… así como sobre la actuación de un funcionario de la PGR (Procuraduría General de la República) que conforme a lo expresado por uno de los supuestos líderes de Guerreros Unidos, estaría vinculado con grupos criminales.

“Otros temas pendientes son la investigación por el espionaje al GIEI y a los abogados de las familias, y lo relacionado a las denuncias de tortura a personas detenidas”, indicó la Comisión.

En dos años en los que ha dado seguimiento, la CIDH realizó seis visitas oficiales comandadas por los comisionados y el secretario ejecutivo de la comisión; cinco visitas técnicas del personal de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, cinco reuniones de trabajo y cuatro audiencias públicas realizadas en los periodos de sesiones de la Comisión, aunado a que se le remitieron unos 618 tomos sobre las indagatorias de la PGR hasta julio pasado.

La Comisión concluyó que seguirá dando seguimiento a la medida cautelar MC 409/14 en tanto no se resuelva el caso de la desaparición de los jóvenes estudiantes guerrerenses.

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