El Gobierno de la República reconoció que persisten retos en municipios, estados y regiones del país ante el incremento en los últimos meses de homicidios, y adjudicó la razón a una debilidad institucional local para combatir nuevas células delictivas del fuero común.

En respuesta a las preguntas parlamentarias que formuló el Senado de la República, el Ejecutivo federal expuso que de los 2,450 municipios que existen en México, sólo 1,800 tienen corporaciones policiales y la mayoría de ellas no cuentan con las capacidades para combatir a los grupos criminales y contener a la delincuencia.

Al dar respuesta a los 16 cuestionamientos presentados por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), el presidente argumentó que si bien es cierto que en los últimos meses ha habido un incremento en el número de homicidios dolosos en el país, el número total de denuncias por este crimen presentadas en los primeros nueve meses del 2016 (15,201) son 8.7% menores a las presentadas en el mismo periodo del 2012 (16,652).

Ante ello, puntualizó, el gobierno federal diseñó una estrategia que fue desplegada en agosto pasado, mediante una serie de acciones en los 50 municipios que concentran 42% de los homicidios dolosos en el país.

Abundó que para fortalecer la coordinación entre las instituciones encargadas de brindar seguridad, se acompañará a las entidades y a sus municipios en el combate al crimen. En cada uno de los 50 municipios prioritarios fue desplegado personal capacitado y se definen acciones focalizadas.

Agregó que para hacer atender a fondo este desafío, es necesario dotar a las autoridades locales de las herramientas adecuadas para garantizar la seguridad en territorio nacional.

Para contar con corporaciones de seguridad pública locales sólidas en las 32 entidades federativas, el Ejecutivo argumentó que es necesario concretar la reforma constitucional en materia de seguridad pública, que plantea entre otros aspectos la creación de esquemas de operación y coordinación policial más eficaces, la cual se discute actualmente en el Congreso.

Destinarán recursos

El problema de la inseguridad y la violencia destaca entre los primeros lugares de los pendientes por resolver durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

En el 2017 se destinarán 5,000 millones de pesos a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y a las entidades que ejerzan de manera directa o coordinada la función, para subsidiar el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad.

Los recursos servirán para apoyar la profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública.

De manera complementaria, el dinero del presupuesto federal se podrá destinar al fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública, así como a la prevención social de la violencia y la delincuencia y a la capacitación en materia de derechos humanos y de igualdad de género.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 25 de enero del 2017, los lineamientos para el otorgamiento del subsidio referido.