En México, cuatro de cada 10 personas privadas de su libertad han incurrido en algún acto de corrupción en al menos una de las etapas relacionadas con su reclusión, así lo reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En la presentación de la primer Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad (ENPOL), este lunes, el instituto de estadística indicó que de acuerdo con los resultados obtenidos se pudo precisar que, tanto en centros de readaptación federales como estatales y municipales, hasta el año pasado, el número de reclusos ascendió a 211,000 personas, lo que significó una tasa de 173 presos por cada 100,000 habitantes.

De este universo, la tasa de corrupción entre los reclusos y las autoridades fue equivalente a 108 casos por cada 1,000 personas privadas de su libertad.

Esta tasa varía dependiendo del centro de readaptación; en el caso de los centros federales, el indicador se ubica en 17 casos por cada 1,000 reclusos, en tanto que a nivel estatal y municipal, la medida sufre un drástico incremento a 119 por cada 1,000, situándose incluso por arriba de la media nacional.

La mayor incidencia de corrupción se presentó al momento del arresto, con una tasa de 272 casos por cada 1,000, seguida de la etapa de presentación ante el Ministerio Público, con una incidencia de 147 casos, mientras que en tercer lugar se ubicó la etapa de reclusión en los centros penitenciarios, con 108 casos de cada 1,000 reclusos.

En esta etapa, se logró precisar que aquellos presos que incurrieron en sobornos o algún otro tipo de corrupción, seis de cada 10 casos fueron para exentar el pase de lista, la mitad lo hizo para tener aparatos electrónicos, 42% para cambiar celda, 35% incurrió en corrupción para tener agua potable, 28% para tener servicios de salud o escolares y 17% pagó para tener protección al interior del penal, entre otras incidencias más.

En referencia a los pagos realizados por la población penitenciaria, el Inegi encontró que nueve de cada 10 fueron destinados a los custodios de los centros penitenciarios; 36% para los internos, en tanto que 7.8% pagó dádivas al personal técnico penitenciario.

En este sentido, Adrián Franco Barrios, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi, precisó que el pago para exentar el pase de lista es debido a la frecuencia con la que se da esta actividad, ya que es tres veces al día, al tiempo que agregó que la encuesta demuestra factores que deberán ser atendidos por las autoridades correspondientes.

Además, mediante la ENPOL se precisa que durante el 2016, nueve de cada 10 casos de cohecho no fueron denunciados.

En esta línea, el instituto de estadística encontró que tres de cada 10 reclusos que no denuncia los actos de concusión no lo hacen debido al temor a represalias por parte de las autoridades, mientras que tres de cada 10 consideraron a la corrupción como una práctica común y dos, en la misma escala, manifestaron que sería inútil denunciar.

El Estado de México se ubicó como la entidad con mayor incidencia de corrupción en su sistema penal, seguido de la Ciudad de México y en tercer lugar se posicionó Puebla.

Violencia de autoridades, factor común en las detenciones

Por otra parte, el Inegi encontró que siete de cada 10 reclusos sufrieron alguna forma de violencia psicológica durante su detención. De ellos, un poco más de la mitad fue incomunicada o aislada , esta misma incidencia registraron las amenazas sobre levantarles cargos falsos.

Cuatro de cada 10 fueron desvestidos, mismo número que fueron atados o atadas. Mientras que dos de cada 10 fueron amenazados por parte de las autoridades con dañar a su familia, en tanto que 7.5% sí registró alguna agresión a sus familiares.

A su vez, seis de cada 10 de los reclusos en el país sufrieron algún tipo de agresión física al ser arrestados. De ellos, 59% recibió patadas o puñetazos; 39% fue golpeado por objetos, 37% sufrió lesiones por aplastamiento y 19.4% recibió descargas eléctricas, entre las principales agresiones físicas.

En referencia a las autoridades que han realizado las detenciones, 33.6% fue adjudicado a la Policía Ministerial o Judicial, 32.6% de los detenidos fue remitido por elementos de las policías municipales, 13.1% fue remitido por la Policía Estatal, 8.1% por la Policía Federal, 5.2% por el Ejército y 1.7% la Marina.

Sobre los arrestos, el Inegi divulgó que 25.5% de las personas reclusas fueron remitidas inmediatamente después de realizar algún ilícito, en tanto que 41.5% fue detenida sin una orden de aprehensión; 21.5% fue sustraída de un lugar privado, mientras que 20% fue en un lugar público.

Al llegar a rendir su declaración ante el Ministerio Público, el Inegi encontró que 46.6% de los remitidos sufrió presiones por parte de policías o autoridades para dar otra versión de los hechos .

Del total de los reclusos que hay en el país, cuatro de cada 10 fueron arrestados entre el 2012 y el 2014; asimismo, seis de cada 10 de los reclusos tenían entre 18 y 39 años al término del año pasado.

En total, más de 80% fue condenado por delitos del fuero común, en tanto que alrededor de 18% fue procesado por ilícitos del fuero federal.

El levantamiento de la encuesta se realizó entre octubre y diciembre del año pasado, en los 338 centros penitenciarios que existen en el país con encuestas a 64,150 reclusos, de los cuales 5% fueron mujeres.

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