A un poco más de tres semanas que se cumpla el plazo para el segundo paso de la reforma de justicia penal definida por los tres poderes de la Unión como la más importante de los últimos 100 años, ahora corresponderá rendir cuentas al Legislativo, 31 estados y Distrito Federal -19 de ellos gobernados por el PRI, seis por el PAN, cuatro PRD y tres de alianzas PRD-PAN y otros- por el no cumplimento de este proceso.

El punto por el que será evidenciado el Legislativo es no haber aprobado hasta el momento la reforma promovida por el Ejecutivo para que aplique el sistema de ejecución de sanciones en la reinserción social, en lugar de readaptación social, como resultado de la aplicación de los juicios orales o sistema adversarial.

En los gobiernos estatales y en el GDF recae la lentitud en ejes estratégicos para instrumentar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio como: normatividad, planeación, capacitación, reorganización, infraestructura, equipamiento, tecnología y difusión.

Y la homologación de una legislación estatal afín con la federal para que la reforma planeada para arrancar en el 2008 esté en todo el país en el 2016 con la integración del Ministerio Público federal (y común o ahora llamadas fiscalías), tribunales superiores de justicia y corporaciones policiacas.

En los primeros días de junio, durante la próxima Reunión Nacional de Procuradores Generales de Justicia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que encabezará por primera ocasión la procuradora Marisela Morales, se esperan acuerdos que permitan la aplicación de las reformas comprometidas para estar funcionando el 18 de junio.

En el documento Avances en la Implementación de la Reforma de Justicia Penal , que es público en la página de la Coordinación para la Implementación de la Reforma Constitucional con fecha del 11 de enero del 2011, define en qué nivel de avance se encuentra cada estado con respecto al compromiso de agosto de hace casi tres años.

El sistema de ejecución de sentencias y reinserción social está previsto en cinco iniciativas enviadas por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión, las cuales tendrían que estar aprobadas el 18 de junio próximo.

La reforma de justicia penal fue impulsada -con recursos provenientes de la Iniciativa Mérida- por expertos en derecho, juristas, constitucionalistas, Legislativo y partidos políticos; sin embrago, no está siendo aceptada en los estados, lo cual atora la homologación de las leyes que se busca para el 2016, cuando debería estar operando a 100 por ciento.

La homologación de sentencias es considerada toral, porque considera la aplicación del justo proceso y lo que ahora se denominó como reinserción social, en lugar de readaptación. En la reunión de procuradores se espera impulsar la creación de un código penal homogéneo o código único, que sería la base para sancionar a los trasgresores de la ley desde una vista general y no particular como ocurre con 32 diferentes legislaciones, adelantaron integrantes de la SCJN consultados.

De acuerdo con el Consejo de Coordinación, Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz, se encuentra en la etapa inicial. Los estados en planeación o segunda etapa son: Campeche, Chiapas, Colima, DF, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala.

Los estados en etapa de entrada en vigor –tercera etapa- son: Hidalgo, Guanajuato, Yucatán y Puebla. Y por último las entidades que se encuentran en operación: Chihua­hua, Oaxaca, Durango, Zacatecas, Estado de México, Morelos y Baja California.

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