Terminar con la simulación y que la Fiscalía General de la República (FGR) transparente los resultados de las investigaciones realizadas por el caso Pegasus e inicie indagatorias por el caso de más espionajes a través de WhatsApp, fue el llamado de las organizaciones y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) al gobierno federal durante la presentación del Cuarto Plan de Acción para un Gobierno Abierto.

Tras dos años de romper con dicha alianza a raíz de los casos de espionaje realizados por autoridades durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, contra defensores de derechos humanos y periodistas, las organizaciones y el gobierno federal lograron crear una ruta de trabajo, a través de 13 acciones, para avanzar en la alianza internacional para un gobierno abierto.

Entre las acciones concretas del Cuarto Plan está el transparentar el gasto y los programas sociales; transparencia para el monitoreo y vigilancia de los fideicomisos; la divulgación de beneficiarios finales; una plataforma única y abierta de información de seguridad pública y transparentar el flujo y control de armas.

Este último punto tiene como fin diseñar e implementar una estrategia de transparencia proactiva para visibilizar y mejorar la calidad de la información pública sobre el flujo y control de armas hacia, en y desde México, que fortalezca la rendición de cuentas.

Asimismo, se estableció crear controles democráticos a la intervención de comunicaciones privadas, aquí las organizaciones fueron enfáticas en plantear normas administrativas para la regulación y transparencia de la adquisición de tecnología de vigilancia.

Además de generar reglas internas para la instalación, criterios de uso y disposición de tecnologías de vigilancia en dependencias federales, para evitar casos como el uso del el software espía Pegasus, el cual sólo puede ser vendido a gobiernos para tareas de seguridad, pero en el caso de México fue utilizado para espiar a integrantes de la sociedad civil y periodistas, según mostró una investigación de Citizen Lab, R3D y Artículo 19.

Sobre el tema, Alfredo Elizondo Rosales, coordinador del núcleo de organizaciones de la sociedad civil, dijo que pese a retomar el diálogo con el gobierno federal, aún no hay acciones concretas sobre las acciones de la Fiscalía en los casos de espionaje.

Agregó que si bien hay un compromiso en la administración de Andrés Manuel López Obrador en referencia a hacer uso de una vigilancia ilegal, “no hemos tenido respuesta concreta aún de qué sucedió con aquellas personas que fueron espiadas, (…) e incluso de las invitaciones que se le hicieron para participar (en la alianza de gobierno abierto) no hemos tenido una repuesta concreta y nos parece muy importante porque buena parte de lo que tiene que ver con las investigaciones (…) y castigar a quién haya usado esa tecnología para espiar, están en su cancha”, expresó Elizondo Rosales.

Dijo que se han dado a conocer más casos de espionaje a través de la aplicación WhatsApp, por lo que llamó al gobierno federal y al Inai esclarecer este tema.

“Haremos un llamado en consecuencia desde el comité coordinar para esclarecer si se está utilizando todavía este tipo de software y bajo que marco normativo se está utilizando, por ejemplo, desde la fiscalía (…) Pues también hay posibilidades que desde los gobierno estatales sigan utilizando esta tecnología para el espionaje. “No queremos más la simulación”.

Mientras que Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del Inai, repudió cualquier acto de intervención ilegal de comunicaciones, incluso recordó que por el caso de Pegasus, el Inai fue enfático a través de sus resoluciones en dejar claro los señalamientos y acusaciones específicas sobre el uso indebido del software, haciendo llegar su investigación a la entonces Procuraduría General de la República.

Sin embargo, advirtió que la ahora FGR “no ha respondido a nuestros emplazamientos como tampoco en el caso de Odebrecht, (…) es otro punto que nos ha dejado en la impotencia (…) el Estado tiene que demostrar sutilidad. No debe ser una presunción dada por enterada”.

Finalmente, al igual que a la FGR se les instó al poder legislativo y judicial, considerar incorporarse a la Alianza para un Gobierno Abierto con el fin de transparentar su actuar.

Cabe recordar que la Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa internacional integrada por 79 gobiernos de todo el mundo y cientos de organizaciones de la sociedad civil, la cual busca luchar contra la corrupción y promover un modelo de gobernanza más abierta.

kg