Griselda Triana, viuda de Javier Valdez, periodista asesinado en 2017, es el más reciente objetivo del software Pegasus. Es el primer caso documentado de una persona relacionada con una víctima de asesinato, de acuerdo con Leopoldo Maldonado, subdirector de Artículo 19.

Triana dijo que entre 10 y 11 días después del asesinato de su esposo —periodista fundador del semanario sinaloense Río Doce—, recibió tres mensajes, dos de los cuales simulaban proceder del sitio Animal Político. Cuando se hizo público que los periodistas Ismael Bojórquez y Andrés Villarreal, compañeros de Javier Valdez, fueron objetivos de espionaje con el malware Pegasus, Triana recordó dichos mensajes, los cuales permanecían en el celular que para entonces había regalado a su hija. La viuda del periodista acudió entonces con la organización Artículo 19 para investigar si estos mensajes constituían un nuevo caso de espionaje a través del malware Pegasus, lo que resultó ser afirmativo.

La denuncia fue hecha en una conferencia realizada este miércoles, en la que estuvieron acompañando a la denunciante los representantes de las organizaciones defensoras de derechos humanos y derechos digitales Artículo 19, Centro Prodh, R3D y SocialITIC.

Triana dijo que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y que exigirá al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que presente un informe sobre el uso de caso Pegasus y que esclarezca si éste se ha seguido utilizando y en dónde se encuentra dentro de las instituciones de gobierno.

“Exijo que la FGR atienda la denuncia que habré de presentar hasta dar con los responsables, que se les procese y se les castigue; ya sé que suena utópico, pero es mi derecho conocer la verdad y que se haga justicia”, dijo Triana.

El 19 de junio de 2017, un artículo del diario The New York Times reveló que periodistas y activistas mexicanos, como Carmen Aristegui, Mario Patrón del Centro Prodh, Juan Pardinas del IMCO, Carlos Loret de Mola, y Salvador Camarena de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) fueron espiados con el software Pegasus, adquirido por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El software malicioso, desarrollado por la firma israelí NSO Group Technologies, compromete toda la información de un teléfono celular cuando las víctimas dan click en mensajes con contenidos engañosos, lo que activa la descarga de un virus informático que se instala en sus móviles.

En su intervención, Luis Fernando García, de R3D, externó su preocupación ante los indicios de encubrimiento, destrucción de evidencia y falsedad de declaraciones en la investigación que emprendió la PGR —hoy FGR— contra sí misma por el espionaje contra periodistas y activistas. Hizo un llamado al gobierno federal y a la Secretaría de Gobernación de generar un mecanismo de investigación independiente para llevar el caso, y que la FGR se comprometa a darle un vuelco a las pesquisas, reformulandolas en conjunto con las víctimas.

García dijo que mientras no se esclarezca el caso, las víctimas de espionaje por parte del Estado seguirán expuestas a los ataques en la medida en que los culpables siguen libres, y seguirá sin darse cumplimiento al derecho a la verdad.

Juan Manuel Casanueva, de SocialTIC, puso énfasis en la necesidad de prevenir nuevos casos de espionaje del Estado contra ciudadanos. Anunció que el 26 de marzo próximo se realizará un foro público, en el que estarán presentes representantes del gobierno, especialistas internacionales, y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y derechos digitales, con la finalidad de elaborar una agenda de gobierno abierto, así como generar propuestas para prevenir casos futuros de espionaje del Estado. Casanueva dijo que espera que las recomendaciones surgidas de este foro sean implementadas por el gobierno a finales de este año.

Sobre el gobierno abierto, Casanueva recordó que las organizaciones civiles se bajaron de la Alianza para el gobierno abierto luego de conocerse el caso de espionaje por parte del Estado, lo que —dijo— fue “contrario a la idea de la apertura gubernamental”. Dijo que hace dos semanas, las organizaciones no gubernamentales se reunieron con el Inai, firmaron un convenio para avanzar en una agenda de gobierno abierto.

Por su parte, a la representante del Centro Prodh, Sofía de Robina, tocó tratar el asunto del la Fiscalía General de la República. La abogada del Centro Prodh dijo que en tanto que la PGR carecía de independencia con respecto al ejecutivo federal, no existían las condiciones ni elementos que aseguraran que la investigación emprendida contra sí durante la gestión de Peña Nieto por el caso Pegasus fuera efectiva.

De Robina dijo que el caso es una oportunidad para la FGR de ejercer su independencia institucional, así como también los próximos nombramientos de funcionarios que deberán hacerse a su interior. Dijo que para asegurar que se ejerza la justicia en el caso Pegasus, es necesario que se haga un investigación independiente, con asistencia técnica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU, para así lograr la sanción contra los responsables del espionaje.

Por último, el subdirector de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador esclarecer cómo el Estado mexicano fue responsable del espionaje, mandando así el mensaje de que esta administración es diferente a la pasada.