De mantenerse el ritmo de implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) mostrado en el 2013 a nivel nacional, le llevaría al país 11 años promedio alcanzar el nivel óptimo de operación eficaz y adecuado, arroja un reciente estudio del Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC).

A semanas de cumplirse el plazo constitucional para implementar la reforma penal, luego de ocho años de la reforma constitucional que inicio su aplicación, el equipo de analistas del CIDAC lanzó Hallazgos 2015 , en el cual evalúan las acciones tomadas para dicho proceso y operación, a ocho años de la reforma constitucional en materia de justicia penal.

Una de sus conclusiones exhibe que el proceso de implementación se caracterizó por la ausencia de políticas públicas capaces de atender integralmente las necesidades de coordinación institucional. Estas acciones se llevaron a cabo de forma aislada y descoordinada.

Además, el cambio constante de autoridades vulnera el proceso. El CIDAC detectó 33 procesos de transformación paralelos, pero desarticulados, tanto en las entidades federativas como en la Federación, lo que inevitablemente impactará en la operación y resultados del sistema de justicia penal .

El equipo de especialistas halló insuficiencia de operadores fundamentales en la cadena, como asesores de víctimas o facilitadores. A su vez, pese al despliegue de capacitaciones, persiste el rezago, en particular en cuerpos policiacos.

Además, hubo un retraso significativo en la armonización de importantes legislaciones nacionales, lo que se traduce en riesgos de aprobar, con prisas, normas no idóneas para implementar la reforma constitucional.

La implementación de la reforma implicó inversión de recursos económicos, entre los que destacan los hechos en las entidades, tales como el subsidio de apoyo para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio administrado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), del cual, entre el 2010 y el 2015 distribuyó 3,510 millones 92,861 pesos.

Adicionalmente, las entidades contaron con recursos del Fideicomiso de Apoyo para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (Fasp), y el Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (Fortaseg).

El CIDAC llevó a cabo también una clasificación de las entidades federativas, con el objetivo de identificar el avance que presenta cada una con respecto a las condicionantes de implementación.

Sobre ello concluye que, en ninguno de los casos, se ha logrado alcanzar el estándar establecido por una metodología efectuada por este think tank, en el 2014. Sólo seis entidades federativas superaron el estándar del 2013, lo que hace evidente que aún tenemos pendientes que atender para contar con un sistema de justicia penal eficaz, eficiente y que asegure el respeto de los derechos humanos de los imputados y las víctimas .

Finalmente, el reporte argumenta que si se mantiene el ritmo de implementación que han mostrado las entidades federativas desde el 2013 a nivel nacional, llevará en promedio 11 años alcanzar un nivel óptimo, para que el sistema de justicia penal opere de manera eficaz y adecuada.

En México existen experiencias que demuestran que la cooperación, planeación y ejecución adecuadas de la política pública en materia de justicia penal puede generar resultados muy favorables para la ciudadanía. Es fundamental definir qué es lo que falta por hacer y qué se necesita para que en la realidad del día a día de los mexicanos se materialicen los principios y derechos que fueron plasmados en el texto constitucional, el 18 de junio del 2008. Una vez que se defina el grado de avance y las brechas específicas para cada operador en los diferentes ámbitos de la implementación y operación, es esencial diseñar una planeación con acciones y metas establecidas a mediano y largo plazos , recomendó la consultoría política.

EL DATO

Para acelerar el sistema de justicia penal

El CIDAC propone la estrategia para la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio, la cual contempla acelerar los tiempos para garantizar un nivel idóneo de operación; prevé tres ámbitos de aplicación:

  1. Sectorial, que se refiere a acciones que integren y aglomeren las distintas perspectivas del sector de justicia penal nacional.
  2. Institucional, al que le corresponde atender a las distintas instituciones del SJPA de forma particular.
  3. Ciudadano, que se refiere al impacto de las acciones institucionales en las experiencias de los ciudadanos.

ana.langner@eleconomista.mx