El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, informó que el gobierno federal ha destinado 4.3 millones de pesos para atender las necesidades médicas, de alimentación y hospedaje de medio centenar de personas heridas, así como los gastos funerarios de las ocho personas fallecidas en el operativo del 19 de junio de la Policía Federal en Oaxaca, para desalojar a integrantes de la CNTE que mantenían tomada una carretera.

Al acudir a la Comisión Especial del caso Nochixtlán de la Cámara de Diputados, el subsecretario dijo que la entrega de esos apoyos económicos no fue para acallar conciencias , sino porque así lo dispone la Ley General de Víctimas.

El funcionario negó que los heridos hayan sido atendidos en hospitales de cuarto nivel, como dijeron algunos habitantes de Nochixtlán. Han tenido el nivel más alto de atención que se puede tener en nuestro país , afirmó.

Ante los diputados, Campa Cifrián explicó que el gobierno reconoce a medio centenar de heridos por los hechos del 19 de junio: 15 heridos de bala, de los cuales cinco tenían el proyectil en alguna parte del cuerpo; 17 por traumatología y ortopedia; 13 por afectaciones oftalmológicas; 14 por otorrinolaringóloga y 10 personas que perdieron algún diente.

Abundó que en el enfrentamiento de Nochixtlán también 100 elementos de la Policia Federal y estatal resultaron heridos.

Explicó que de las cinco personas que tuvieron alojamiento de bala, en cuatro casos se determinó que no había necesidad de retirar los proyectiles, y sólo en un caso los médicos recomendaron la extracción maxilofacial, debido a que la PGR requería el elemento balístico para su investigación.

Explicó que con recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, se han destinado 4 millones 329,038 pesos para los siguientes rubros: gastos de hospitalización y servicios médicos 2 millones 585,783 pesos; alimentación 480,025 pesos; hospedaje 46,100 pesos y gastos funerarios 1 millón 217,130 pesos.

Respecto del proceso de reparación del daño, Roberto Campa Cifrián precisó que aún no ha comenzado, pues para ello se requiere una sentencia firme judicial que acredite como víctimas. Dijo que por lo pronto, 95 personas se han registrado.