La Secretaría de Gobernación (Segob) celebró la aprobación en el Senado de la Ley de Amnistía, y garantizó que no liberará a personas por delitos graves.

Mediante un comunicado, mencionó que la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, “reconoce al Congreso de la Unión por la aprobación de la Ley de Amnistía, la cual permitirá la liberación de personas mayores o que estén enfermas y no estén recluidas por delitos graves”.

Destacó que toda persona privada de la libertad debe recibir trato humano y respeto a sus derechos y garantías fundamentales como son la vida, la integridad personal y el acceso a la justicia.

Indicó que en el contexto de la pandemia por la propagación de la nueva cepa del coronavirus (Covid-19), esta ley adquiere relevancia, debido a que su correcta aplicación ayudará a reducir riesgos de contagio en centros penitenciarios federales, además de alentar a las entidades federativas a adoptar medidas similares.

La Segob indicó que el gobierno federal cumplirá lo que estipula la ley en su Artículo 1, donde se decreta amnistía en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme, ante los tribunales del orden federal, siempre que no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas, por los delitos cometidos antes de la fecha de entrada en vigor de la presente ley.

Sostuvo que, tal como dice la ley, “no se concederá el beneficio a quienes hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal, salvo lo establecido en el Artículo 1, Fracciones I y II de la ley; ni a quienes hayan cometido el delito de secuestro, o cuando hayan utilizado en la comisión del delito armas de fuego u otros delitos graves del orden federal.

“La Ley de Amnistía es un paso positivo que debe enmarcarse en la discusión sobre la transformación del sistema de justicia y se inserta en una serie de medidas previstas en la legislación mexicana para prevenir los contagios que ya se han comenzado a aplicar en las entidades federativas como medidas alternativas a la privación de la libertad, libertades anticipadas y beneficios de preliberación”, dijo.

jmonroy@eleconomista.com.mx