En el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, muchos organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidad (ONU), así como otras organizaciones defensoras de derechos humanos han hecho llamados a los gobiernos a proteger y tomar medidas especiales en los centros penitenciarios y de reinserción social.

Especialmente en países como México, donde algunas cárceles concentran una parte significativa del total de presos. En el país, la población privada de la libertad asciende a 210,991 personas, de las cuales el 46% comparte su celda con más de cinco personas, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad levantadas y procesadas por el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

De esta mitad de los presos, el 21% comparte la celda con un rango de seis a 10 personas más, el 13% con más de 15 personas y el 11% con más de 10 y hasta quince personas.

Las líneas de acción recomendadas por las autoridades nacionales e internacionales proponen una distancia entre cada persona mayor a dos metros, una regla que no puede cumplirse en los centros penitenciarios del país.

Los estados que concentran las mayores problemáticas por hacinamiento en las celdas son Baja California (85.5% de su población penitenciaria en estas condiciones), el Estado de México (82.6%), Jalisco (73.2%) y la Ciudad de México (67.9 por ciento).

Aunque los centros penitenciarios en México declaran que ya han tomado algunas medidas importantes para controlar la propagación del virus, como el refuerzo de medidas de higiene y sanitarias, la suspensión de visitas o el monitoreo de salud de sus presos y su personal, el hacinamiento representa una de las problemáticas más importantes en las cárceles, incluso previo a la llegada de la nueva cepa de coronavirus, Covid-19

La OMS y Naciones Unidas han hecho fuertes llamados a las autoridades a proteger la salud de la población privada de la libertad, especialmente a los grupos vulnerables: personas de edad avanzada, personas con enfermedades crónico-degenerativas y mujeres embarazadas.

En México, no sólo la sobrepoblación en los centros penitenciarios representa una problemática, también el acceso a servicios públicos básicos. Especialmente el suministro de agua y los espacios para el aseo personal. Al menos 12 de cada 100 presos no cuentan con espacios para asearse y 30 de cada 100 identificaron dificultades para acceder a agua potable en sus celdas y a medicamentos para atender sus necesidades de salud.

En este sentido, las organizaciones dedicadas a defender los derechos humanos de la población privada de la libertad insisten en reforzar las medidas para aislar los centros penitenciarios del Covid-19, porque de entrar sería un foco rojo de contagios.

En algunos estados la situación es todavía más precaria, en Guerrero sólo el 27.0% de las personas en cárceles tiene acceso a agua potable en su celda mientras que en Oaxaca sólo 38.2% de los presos cuenta con un espacio para aseo personal.

El acceso a fuentes de agua potable en los centros penitenciarios no es la única problemática; las características cualitativas y cuantitativas del suministro de agua también implican rezagos en materia de higiene y salubridad.

A escala nacional sólo el 42.1% de la población reclusa que sí recibe agua identificó potabilidad en el suministro, sólo el 69.6% identificó pureza y claridad en el agua y sólo el 76.6% identificó constancia y regularidad en el suministro.

Todas las características del desarrollo de la población dentro de las cárceles en el país sugieren una dificultad importante para cumplir con las medidas sanitarias para combatir la pandemia, como el lavado frecuente de manos, la distancia entre una persona y otra y el aseo personal.

Otra de las preocupaciones de las organizaciones, como Reinserta, Documenta y Causa en Común es el impacto de medidas de contención viral como la suspensión de visitas o limitación de las mismas. Especialmente porque en muchos casos, los presos acceden a alimentos o productos de higiene que sus familiares les proveen, de modo que las medidas deberán estar acompañadas de otras que garanticen el acceso de los presos a insumos básicos.

ana.garcia@eleconomista.mx

kg