El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la minuta que reforma los artículos 22 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ampliar los ilícitos que merecen extinción de dominio derivados de hechos relacionados con corrupción, en materia de hidrocarburos y delitos cometidos por servidores públicos.

En sesión ordinaria, la Mesa Directiva turnó el documento a los congresos locales ya que aún necesita ser aprobado por la mitad más uno de las 32 legislaturas de los estados, además de la promulgación por parte del presidente de la República.

La propuesta determina que la extinción de dominio será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, delitos contra la salud y secuestro.

Asimismo, se trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos y faculta al Congreso de la Unión para expedir legislación sobre extinción de dominio en términos del Artículo 22 constitucional.

También indica que no se considerará confiscación la incautación de bienes de una persona cuando sea decretada para pago de multas o impuestos, ni cuando las declare la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito.

Añade que la acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público, a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal.

El dictamen presentó una reserva en el Artículo 22, párrafo tercero, por parte de la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega; sin embargo, fue desechada.

En tribuna, al explicar la reforma, Miroslava Carrillo Martínez (Morena), presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, indicó que la concepción y principios de la extinción de dominio se fortalecen, porque incluso se aplicará para cubrir el pago de multas, impuestos o cuando sea decretada por una autoridad para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un ilícito, entre otras.

Mientras que la diputada Martha Tagle (MC) señaló que los ilícitos han evolucionado y ampliado su campo de acción, por lo que “es necesario actualizar la legislación para la desarticulación financiera de la delincuencia organizada y castigar la corrupción y colusión de los servidores públicos”.

En tanto, por el PAN, el diputado Iván Arturo Rodríguez se pronunció a favor de esta figura, pero en contra de la minuta, ya que, dijo, no se mejora esta herramienta y se desvirtúa la extinción de dominio.

El diputado Marco Antonio Gómez (PVEM) mencionó que es vital dar al Ministerio Público herramientas suficientes para que pueda perseguir y sancionar a los delincuentes de manera efectiva.