El director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, adelantó que a partir de febrero, los integrantes de la sociedad civil exigirán a los legisladores federales una agenda de trabajo para que concreten las leyes secundarias anticorrupción; de lo contrario podrían juntar firmas para presentar iniciativas ciudadanas en la materia.

Entrevistado por El Economista, Bohórquez destacó que en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión que comienza en febrero y termina en abril es deseable que se concrete la ley del sistema nacional anticorrupción y una nueva ley de responsabilidades para los servidores públicos y los particulares que estén en relación con los funcionarios.

Además se prevé que haya 22 leyes que se deben revisar y ajustar y eso puede ser un paquete legislativo que no termine en el 2016 sino que dure de aquí al 2018 , enfatizó.

Desde su perspectiva, la primera ley anticorrupción que debe salir es la de obra pública, pues aunque no lo ordena la reforma constitucional anticorrupción, sí urge mayor transparencia para adjudicar contratos, criterios de evaluación del licitante, revelar cualquier conflicto de interés, así como información financiera relativa a sobrecostos e incumplimiento de plazos, por ejemplo.

Explicó que los legisladores tienen como prioridad concretar el paquete de leyes en materia de transparencia y han dejado en segundo término el de anticorrupción. Para el primer paquete aún falta que la Cámara de Diputados avale la ley federal de transparencia y que ambas cámaras del Congreso aprueben la ley de archivos y la nueva ley de protección de datos personales.

Los senadores del PRI, PAN y PRD afirmaron desde septiembre del 2015 que en su agenda de prioridades se encontraba el paquete anticorrupción, pero esto no se concretó en el periodo ordinario que concluyó el 15 de diciembre, por lo que plantearon que retomarían el tema en febrero.

El Senado tiene en comisiones varias iniciativas en materia anticorrupción, pero su dictaminación se detuvo por dos aspectos: por la coyuntura y porque el presidente Enrique Peña Nieto no ha presentado sus propuestas.

A finales de enero, los grupos parlamentarios darán a conocer su agenda, misma que deberán concretar en sus respectivas reuniones plenarias. Se espera que el tema anticorrupción sea prioritario.

La reforma constitucional de combate a la corrupción entró en vigor el 28 de mayo del 2015 y el artículo segundo transitorio estableció el plazo de un año para que el Congreso defina las leyes secundarias respectivas.

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