El gobierno mexicano tiene hasta agosto para dar respuesta y transparentar la compra y el uso de las herramientas de espionaje electrónico que fueron utilizadas en contra de activistas y periodistas. De lo contrario, como último recurso, la sociedad civil arrancará los procesos para destituir al gobierno del Comité Directivo de la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto (OGP, por su sigla en inglés), y su posterior expulsión de dicho organismo.

Cuando un integrante del Comité Directivo tenga sospechas de violentar los principios de la Alianza del Gobierno Abierto, se tiene que recusar del Comité porque hay una situación que está poniendo en riesgo la credibilidad, porque un gobierno es un ejemplo que inspira y ayuda a los demás. Un gobierno que está bajo la situación mexicana no podría hacer esto , dijo Alejandro González, director general de Gestión Social y Cooperación (GESOC) y copresidente de la Sociedad Civil en la OGP.

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Buscaríamos primero que inmediatamente el gobierno mexicano se recuse inmediatamente del Comité Directivo y al mismo tiempo meteríamos el caso para accionar la política de respuesta que implicaría que expulsen al gobierno mexicano de la Alianza para el Gobierno Abierto , dijo en entrevista con El Economista .

La fecha límite no es arbitraria. En agosto, una comisión especial integrada por dos representantes de alto nivel de la OGP llegará a México para documentar, recabar testimonios y evaluar las acusaciones sobre el espionaje gubernamental en contra de ciudadanos, incluyendo activistas, defensores de los derechos humanos, periodistas y políticos.

Estas prácticas, que fueron documentadas y evidenciadas por el Citizen Lab de Toronto, SocialTIC y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), llevaron a la salida de la Sociedad Civil integrantes del Secretario Tripartita de la Alianza a nivel local. Los hallazgos de las pesquisas serán discutidos en la próxima reunión del Comité Directivo de la OGP en septiembre.

Lo que vamos es a esperar es que, si de aquí a que venga la misión de alto nivel, no sucede nada, y la misión de alto nivel lo documenta, creemos que el caso se fortalece porque ya no son sólo dichos desde la sociedad civil, sino que habrá testimonios y evidencias para la propia Alianza. Una vez realizado, si no hay un movimiento por parte del gobierno, vamos a activar el mecanismo para la reunión del Comité Directivo de septiembre , señaló. El proceso puede durar entre seis y 12 meses.

En mayo, al no haber respuestas del gobierno a las demandas para investigar y deslindar responsabilidades sobre las prácticas de espionaje en contra de los ciudadanos, el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil que integran esta Alianza para el Gobierno Abierto en México anunció su retirada del proceso de colaboración con el gobierno federal. La decena de organismos integrantes del Núcleo coinciden en que el gobierno federal quebrantó la confianza y no existen las condiciones para una participación libre y segura de la sociedad civil dentro de la Alianza.

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En una entrevista previa, el subdirector de la Unidad de Soporte de la OGP, Joe Powell, dijo que se busca privilegiar el diálogo y reconstruir los puentes para que se recobre la confianza de la sociedad civil en el gobierno mexicano, siendo como último recurso la activación de los mecanismos para la expulsión de la OGP.

Pero esto no ocurrirá, de acuerdo con González, si no se cumplen tres demandas concretas de la sociedad civil, hechas tanto al gobierno como al INAI hace más de cuatro meses: que hicieran pública la información relacionada con la contratación de herramientas de espionaje y el uso que se le está dando al mismo; la segunda, con utilizar el mismo mecanismo de la Alianza para generar el compromiso y se activen las políticas y protocolos para evitar que esto pudiera suceder; y que se tuviera el apoyo para que el INAI iniciara una investigación formal .

El experto reconoció que, durante una reunión celebrada con la OGP en Washington la semana pasada, tanto el INAI como la Secretaría de la Función Pública (representante del gobierno federal ante la Alianza) se comprometieron a dar respuesta a las demandas de la sociedad civil y reconocieron omisiones al no responder a tiempo. Ahora, dice, estas respuestas deben llegar formalmente a las organizaciones de la sociedad civil en México.

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Para el director de GESOC, las reacciones de las autoridades tras la ruptura de la Alianza para el Gobierno Abierto en México y la documentación de decenas de intentos de espionaje mediante el software Pegasus, vendido sólo a los gobiernos por NSO Group, han sido infructíferas. Por un lado, señaló un "conflicto de interés" que la Procuraduría General de la República (PGR) sea la encargada de realizar las investigaciones cuando se ha comprobado que esta dependencia es usuaria de dicho software de espionaje.

Tampoco genera optimismo que en la Segunda Sesión Ordinaria del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en el que participa la titular de la SFP, Arely Gómez, se haya desechado la solicitud del Comité de Participación Ciudadana para que el Comité Coordinador del SNA emita un exhorto por la denuncia de espionaje a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.

México pone en riesgo la credibilidad de la OGP

Alejandro González consideró que el abordaje del caso del espionaje del gobierno mexicano en la reunión del Comité Directivo de la OGP refleja la preocupación de que la reputación de esta Alianza, en la que participan 75 países, pueda verse en riesgo ya que México es tanto país fundador como miembro del Comité.

En la próxima reunión de septiembre, el Comité de la OGP buscará diseñar un mecanismo de respuesta eficiente para destituir a un país del Comité Directivo si es que pone en riesgo la integridad de la Alianza.

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Se decidió la creación de un grupo de trabajo que diseñe una política de respuesta rápida que se le pueda aplicar a aquellos gobiernos miembros del Comité Directivo que pongan en riesgo el prestigio y la reputación de la Alianza para el Gobierno Abierto , comentó.

La problemática que existe en México sentará un precedente en la OGP y en su actuar ante violaciones a los principios de los gobiernos abiertos que pugnan por la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la innovación tecnológica.

Esto es muy trascendental. Indirectamente el Comité Directivo está aceptando que el caso del gobierno mexicano está poniendo en riesgo la credibilidad, la legitimidad y la reputación de la Alianza para el Gobierno Abierto a nivel global y que justo por ello está para evitar que casos como estos sigan , agregó.

julio.sanchez@eleconomista.mx

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