El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, envió al Senado sus propuestas para magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior y las cinco salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

A días de que concluya el periodo ordinario de sesiones de la Cámara Alta, el Ejecutivo federal remitió el oficio en el que propone a Álvaro Castro Estrada, Jesús Rojas Ibáñez y María Zaragoza Sigler, como integrantes de la Tercera Sección de la Sala Superior.

En tanto, para las salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa propuso a Javier Armando Abreu Cruz, Verónica Aguilera Orta, Ana Yadira Alarcón Márquez, David Alejandro Alpide Tovar, Carlos Antonio Alpízar Salazar, Miguel Guillermo Aragón Lagunas, Gerardo Alfonso Chávez Chaparro y Alejandro Víctor Díaz de León Carrasco.

Asimismo, a Hortensia García Salgado, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, Luis Eduardo Iturriaga Velasco, Claudia Rosana Morales Lara, Marco Antonio Palacios Ornelas, Víctor Mariel Soulé y José Luis Stein Velasco.

Todo esto como parte de las reformas que crean el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

De acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Tercera Sección de la Sala Superior tiene entre sus facultades resolver apelaciones interpuestas contra resoluciones de las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas.

Además, atraer para su resolución los procedimientos administrativos sancionatorios que deriven de faltas graves, cuando la competencia inicial sean las salas especializadas en la materia, y resolver recursos de reclamación procedentes de acuerdo con la ley general.

Fincar a servidores públicos y particulares responsables el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias derivadas de daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes federales es otra de sus capacidades.

En tanto, las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas están facultadas para atender faltas administrativas graves investigadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y los órganos de control interno.

Podrán también imponer sanciones que correspondan con funcionarios públicos y particulares, que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, y fincar indemnizaciones y sanciones pecuniarias a los responsables de daños y perjuicios al erario federal, al patrimonio de los entes públicos federales, locales y municipales.

Asimismo, podrá dictar medidas cautelares y preventivas a fin de impedir que se desvíen los recursos obtenidos de manera ilegal.