La LXIV Legislatura del Congreso de la Unión ha aprobado, a dos años de que inició el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, 12 reformas a la Constitución.

Hasta el segundo año de gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto el Congreso mexicano había enmendado la Carta Magna 15 veces, entre otras para aprobar las llamadas reformas estructurales en materia energética, de telecomunicaciones y educativa; esta última fue revertida por decisión de López Obrador. Igual número de modificaciones constitucionales se realizaron durante el primer tercio del sexenio de Felipe Calderón.

Desde el Zócalo capitalino, al cumplir un año en el cargo, el 1 de diciembre del 2019, el mandatario mexicano calculó un año más “para consolidar la transformación”, mediante el establecimiento de “las bases para la construcción de una patria nueva” para que los “conservadores” tengan que “esforzarse muchísimo y pasar mucha vergüenza” si quisieran “revertir los cambios”.

De las reformas constitucionales aprobadas por senadores y diputados federales del 2018 a la fecha, nueve ya fueron promulgadas y tres están pendientes porque, aunque ya se aprobaron por el Congreso, aún no concluye su trámite legislativo por no contar con el aval de al menos 17 Legislaturas de los estados.

Entre los cambios pendientes de promulgación destaca la reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución, aprobada el pasado 26 de noviembre por el Senado, que amplía el catálogo de delitos por los que puede ser juzgado el presidente de la República durante el ejercicio del cargo; el cambio eliminó la llamada inmunidad procesal del titular del Ejecutivo federal.

Enmiendas vigentes

Presentada ante la Cámara Baja a los 12 días de que el mandatario mexicano asumió el cargo, la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional se promulgó el 26 de marzo del 2019; regula las funciones y las atribuciones de la institución del Estado que participa en tareas de seguridad pública.

Promulgada el 8 de mayo pasado, dos meses después de su presentación ante la Cámara Baja, la reforma al artículo 4º de la Constitución garantiza la extensión progresiva de seguridad social para la población que se encuentra en estado de vulnerabilidad, además de que crea el Sistema Nacional de Salud para el Bienestar y establece que el Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a los mexicanos que tengan alguna discapacidad y para adultos mayores.

Originada la discusión del tema en la Cámara de Diputados desde 2017, finalmente el 15 de marzo del año pasado entró en vigor la reforma al artículo 22 constitucional en materia de extinción de dominio por la que se estableció que dicha acción será imprescriptible y se ejercitará a través de un procedimiento jurisdiccional y autónomo penal, sobre bienes que sean instrumento, objeto o producto de hechos de corrupción o de actividades ilícitas en perjuicio grave del orden público.

Asimismo, el 15 de mayo del 2019 se concretó dar marcha atrás a la llamada reforma estructural en materia educativa de la administración peñanietista al reformar los artículos 3, 31 y 73.

En el periodo referido se concretaron también, entre otros cambios constitucionales, la prohibición de la devolución de impuestos; la ampliación del catálogo de delitos graves para incluir el robo de combustibles, evasión fiscal y el fraude electoral; y la revocación del mandato presidencial.

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