La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a la Secretaría de Marina por una “detención ilegal y tortura”, en agravio de una persona en San Luis Potosí y atribuibles a efectivos navales.

Derivado de una investigación, la CNDH encontró que elementos de la Marina detuvieron a un sujeto sin tener en su contra alguna orden de aprehensión o por encontrarlo en flagrancia en la realización de algún delito, tal como los elementos habían señalado al ponerlo a disposición del Ministerio Público.

“Mientras los marinos señalaron que lo detuvieron cuando salía de una residencia en un vehículo con personas armadas, cinco testigos afirman que fue asegurado dentro de un restaurante sin orden de aprehensión o flagrancia delictiva que justificara la misma, por lo que se acreditó una detención ilegal, violatoria de su derecho a la libertad y seguridad personal”, indicó la CNDH.

La Comisión indicó que entre la aprehensión de la persona y su puesta a disposición del poder Judicial, transcurrieron 17 horas y media.

Durante este periodo, el sujeto aprehendido fue llevado a una casa deshabitada, aseguró el organismo autónomo defensor de derechos humanos.

“Lo retuvieron en una casa deshabitada donde lo golpearon, para luego llevarlo al aeropuerto, subirlo a un avión y trasladarlo a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, en la Ciudad de México, donde fue presentado ante el Ministerio Público Federal”, de acuerdo con el boletín de la institución.

Las agresiones contra el sujeto fueron constatadas mediante un certificado médico girado por la Procuraduría General de la República, que se generó al momento de su puesta a disposición de dicha instancia, además de que un perito médico de la CNDH constató alteraciones mentales del sujeto detenido “que se relacionan con actos de tortura”.

La recomendación emitida por el organismo incluye un llamado a la Secretaría de Marina a que colabore con la queja que se interpondrá ante el Órgano Interno de Control de dicha dependencia en contra de cuatro marinos a quienes se les atribuyen los actos.

Asimismo, se pidió a la dependencia federal que inscriba a la persona agraviada en el Registro Nacional de Víctimas para que acceda a los beneficios que se deriven de dicho acto.