A prácticamente dos años y cinco meses de que arrancó la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), todavía no se completan todas sus piezas, tanto a escala federal como local.

En el ámbito federal el SNA está integrado por la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

Para coordinar los esfuerzos existe un Comité Coordinador (CC), integrado por los titulares de esas dependencias, así como por el presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC), que es a su vez el presidente del todo el sistema.

El CPC debe estar integrado por cinco personas, pero actualmente sólo hay cuatro, debido a que el 30 de septiembre renunció Irene Levy Mustri.

El problema es que la persona que la remplace en el cargo debe ser nombrada por la Comisión de Selección del SNA, integrada por nueve personas, pero el pasado 16 de octubre terminó el periodo de tres años para el que fueron electos.

Por tal situación, el Senado de la República tiene que designar a los nuevos integrantes. Si bien el pasado 30 de octubre el Senado emitió la convocatoria respectiva, todavía no concluye el proceso para tener la nueva comisión.

Por otra parte, el Senado no ha designado a los 18 magistrados anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), a pesar que es un ordenamiento de la reforma constitucional de 2016, en la que se establece que el Senado tenía hasta el 18 de julio de 2017 para hacerlo y de que, en abril de 2019, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió que los senadores deberían concluir el procedimiento para designar a esos funcionarios.

Algunas entidades están en falta

El esquema de coordinación institucional que hay a escala nacional, deberá ser replicado por los 31 estados y la Ciudad de México.

De acuerdo con el documento “Seguimiento. Sistemas Locales Anticorrupción de las Entidades Federativas” del SNA, hasta el 29 de noviembre pasado, 29 entidades concluyeron la adecuación a sus leyes con el fin de que opere el sistema y sólo falta una entidad por integrar su Comité Coordinador el estado de Chiapas.

En todo el país ya están integrados las 32 comisiones de selección. En 31 de ellas, ya se instaló el Comité de Participación Ciudadana, 29 ya cuentan con fiscal anticorrupción. Éstas comisiones ya cuentan con magistrados competentes en materia de responsabilidades administrativas y en 29 ya hay Secretaría Ejecutiva del sistema local.

De acuerdo con el “Estudio de buenas prácticas en la implementación y operación de Sistemas Anticorrupción” de noviembre de 2019, elaborado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés), hasta el 30 de septiembre, las entidades federativas pendientes de completar la conformación de su Sistema Estatal Anticorrupción eran la Ciudad de México (que designó a su CPC el 23 de septiembre de 2019), Campeche (que designó su CPC el 30 de julio), así como Chiapas y Morelos. 

El documento plantea que éstos esfuerzos no han estados exentos de obstáculos y limitaciones para lograr una operación eficiente y resultados visibles. “A la complejidad de lograr una efectiva coordinación intergubernamental entre instituciones autónomas y otras adscritas a diferentes poderes ―cada una con sus respectivos programas y visión― se suma que la responsabilidad de impulsar el funcionamiento de los Sistemas recae en un componente ciudadano (los CPC) en condiciones asimétricas de gestión frente a los órganos del estado”.

También refiere que, en medio de este panorama, ha surgido la fundada y legítima impaciencia de la ciudadanía, sociedad civil organizada y medios de comunicación por resultados tangibles del SNA y de sus homólogos estatales. 

En ese entramado institucional y jurídico que constituye el Sistema Nacional Anticorrupción, también hace falta la publicación de la Política Nacional Anticorrupción, lo cual se espera ocurra en los próximos días, una vez que el 27 de noviembre pasado, Loretta Ortiz Ahlf se integró al Comité Coordinador del SNA, luego de ser designada representante del Consejo de la Judicatura Federal, cargo que estuvo vacante por varios meses. El borrador existe desde el 18 de diciembre de 2018.

Frenan gobernadores el SNA

De acuerdo con las conclusiones del estudio “¿Qué nos frena? El bloqueo político del combate a la corrupción”, elaborado por el laboratorio de políticas públicas Ethos, La sociedad está perdiendo la batalla por la rendición de cuentas en los estados, pues los sistemas estatales anticorrupción están entrampados en luchas partidistas, a pesar de la reforma constitucional de 2015, que fomenta la participación ciudadana.

Desde su perspectiva los brazos estatales del SNA están “paralizados” por la intervención de gobernadores y legisladores que han “obstaculizado” la correcta implementación de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA). 

Desde la asignación de presupuesto escaso, hasta el “amiguismo” en las designaciones de puestos claves, impiden la lucha contra la corrupción en Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Quintana Roo, refiere el análisis.

En todos detectó acciones para “bloquear” la participación de la sociedad civil en esos sistemas, independientemente del origen partidista del gobernador.

Además señala que gobernadores y legisladores obstaculizan el funcionamiento de los Sistemas Estatales Anticorrupción. Desde la asignación de presupuesto escaso, hasta el “amiguismo” en las designaciones de puestos claves, impiden la lucha contra la corrupción.

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kg