A través de la aplicación de programas sociales, regulación de estupefacientes, combate a la corrupción y la puesta en marcha de la Guardia Nacional, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador pretende pasar de una tasa de incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes de 39,369 delitos a una de 33,219 en el año 2024, equivalente a una reducción de 15.6%, según plantea el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024.

El proyecto de nación de la administración lopezobradorista, que se entregó el pasado martes a la Cámara de Diputados, en donde será discutido y aprobado, indica que se toma como línea base la incidencia delictiva del 2017, reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que precisó que a nivel nacional se cometían 39,369 delitos cometidos por cada 100,000 habitantes.

Además de este indicador se prevé que la percepción de inseguridad baje entre los ciudadanos de 79.4%, reportado también por el Inegi en el 2018, a una meta de 39.4% en el 2024.

Asimismo, se busca atacar la impunidad y fortalecer el Estado de Derecho, así como medir los avances a través de indicadores internacionales.

Se propuso que México pase de un índice en el World Justice Project de una calificación de 0.45, en donde 0 es la ausencia de Estado de Derecho y 1 el mayor apego a las normas, tomando como línea base el indicador del estudio de la ONG 2017-2018, a uno de 0.60.

Y se prevé avanzar también en el índice de transformación Bertelsmann, del Centro para la Apertura y del Desarrollo de América Latina, el cual “evalúa con periodicidad bianual la calidad de la democracia, la economía de mercado y la buena gobernanza en 129 países en vías de desarrollo y transformación”, según precisa la información de su página web.

En este indicador se toman como base los resultados del 2018 en donde México obtuvo una calificación de 6.1; se espera que para el 2024 se pase a una calificación de 9.1 en una escala en donde 10 es una fuerte fortaleza democrática, de gobernabilidad y desarrollo económico.

Regular drogas

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública prevista en el PND estipula que se buscará regular las drogas actualmente tipificadas como ilícitas para que el Estado mantenga control sobre ellas.

El plan se avizora que parte de la estrategia para pacificar al país consistirá en atender las adicciones a través de que el Estado otorgue dosis controladas de drogas, bajo seguimiento médico.

“La única posibilidad de reducir los niveles de consumos de drogas reside en levantar la prohibición de las que actualmente son ilícitas y reorientar los recursos actualmente destinados a combatir el trasiego y aplicarlos a programas —masivos, pero personalizados— de reinserción y desintoxicación”, indica el documento.

Esta política, puntualiza, será negociada de manera bilateral con EU y ONU.