Entre el 2006 y 2019, en México se registró el hallazgo de al menos 2,357 fosas clandestinas y los cuerpos de 2,603 víctimas, así como más de 1,000 fragmentos de huesos cuya identidad no fue determinada, informaron organizaciones de la sociedad civil.

Los cinco estados con el mayor número de hallazgos de fosas clandestinas reportados fueron Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora y Zacatecas.

Ante la falta de información clara y precisa que ayude a sistematizar la información sobre el paradero de miles de personas desaparecidas en México, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (PDH Ibero), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), Artículo 19, Data Cívica y Human Rights Data Analysis Group (HRDAG), lanzaron la Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas, la cual reúne datos de los hallazgos de fosas clandestinas en el país reportadas por fiscalías locales, la Fiscalía General de la República (FGR) y la prensa nacional y local.

Leticia Hidalgo del colectivo de búsqueda FundeNL, y madre de Roy Rivera Hidalgo, un joven desaparecido en Nuevo León en 2011, acusó que desde hace más de una década, la búsqueda de su hijo ha estado enmarcada por diversas trabas por parte de las autoridades, quienes otorgan información incompleta y maquillan cifras sobre las desapariciones en la entidad.

Asimismo, Bibiana Mendoza, del colectivo Hasta encontrarte de Guanajuato, dijo que hace dos años que se lograron establecer colectivos de búsquedas de personas desaparecidas, ello a pesar de que este fenómeno es arrasador.

“Nos duele todavía ver cómo las personas han preferido normalizar este hecho de violencia tan impactante, y a nosotros como víctimas nos ha tocado hacer esas exigencias en materia de identificación forense”, subrayó.

Incumplen con ley

Carlos Dorantes, de Artículo 19, mencionó que el derecho a la información es fundamental para contar con políticas públicas precisas y en una crisis de violencia, de derechos humanos y de desapariciones como la que enfrenta México, es necesaria información clara y certera para tener diagnósticos claros.

“A pesar de que llevamos más de 10 años en la llamada guerra contra las drogas, no contamos con un registro claro y certero con datos precisos en materia de fosas clandestinas, aun cuando han pasado cuatro años de la publicación de la ley en materia de desaparición que ordena varias bases de datos que todavía no existen”, destacó.

Al presentar la plataforma, se destacó que los datos otorgados por la FGR inician en el 2015 y se obtuvieron vía transparencia después de un litigio iniciado ante la entonces Procuraduría General de la República de más de 3 años.

Sobre estos datos, Dorantes expuso que hay anomalías ya que en una solicitud previa la entonces Procuraduría informó datos distintos e incluso mencionó que sí tenía datos entre el 2006 y el 2014.

“Es importante mencionar que se replican prácticas, respecto a la entrega de información de la PGR y la FGR, es decir, prácticas similares que restringen el acceso a la información fundamental para conocer este fenómeno y además que vienen de una institución federal”, resaltó.

Por su parte, Daniel Mata del CMDPDH, añadió que durante el proceso para solicitar información a las fiscalías, en más de la mitad hubo problemas en las respuestas como archivos mal adjuntados o, incluso, en el caso de las fiscalías de Morelos y Tabasco se respondió que era información reservada cuando la ley establece lo contrario. Mientras que, en el caso de Guanajuato, Querétaro, Chiapas y Yucatán, se dijo que no contaban con registro de fosas en sus estados.

En resumen, se logró sistematizar sólo la información de 22 de las 32 fiscalías.

“Aun cuando las autoridades respondieron a las solicitudes no fue posible contar con datos totalmente actualizados ni para todos los estados de la República”, se indicó.

maritza.perez@eleconomista.mx