En septiembre del año pasado, tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Público representado en la Procuraduría General de la República,.__HOY

Fiscalía, al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se le dictó sentencia de nueve años de prisión y una multa de 58,890 pesos, al declararse culpable de operación de recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

En un principio, fue la defensa de Duarte la que solicitó que se concluyera de forma anticipada su proceso judicial antes de llegar a un juicio, según informó a El Economista la Dirección General de Asuntos Generales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, de la Fiscalía General de la República (FGR), vía transparencia mediante el oficio FGR/UTAG/DG/000382/2019.

No obstante, el 12 de noviembre del año pasado, el entonces subprocurador en Delitos Federales de la Procuraduría, Felipe Muñoz Vázquez, ofreció una conferencia de prensa en donde aseveró que en caso de no haberse aplicado un procedimiento abreviado, el exgobernador “estaría precisamente de vacaciones (...) en Miami o en Cancún con sus lentes oscuros, disfrutando”.

El acuerdo para el procedimiento abreviado entre el Ministerio Público y la defensa del exgobernador veracruzano se basó en lo estipulado en el “párrafo cuarto del Código Nacional de Procedimientos Penales, con relación al acuerdo A/17/15 del 23 de febrero emitido por el procurador general de la República”, según informó la Fiscalía General.

En dicho artículo, que forma parte del capítulo IV del Código, que reglamenta la aplicación del procedimiento abreviado, se indica que: “En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión”.

Mientras que en el párrafo siguiente del mismo numeral se acota que “el Ministerio Público al solicitar la pena en los términos previstos en el presente artículo, deberá observar el acuerdo que al efecto emita el procurador (es decir, el A/17/15)”.

En este último acuerdo se reglamenta lo que el Ministerio Público debe observar para solicitar al juez federal la aplicación del proceso abreviado y la pena correspondiente.

En el artículo sexto de dicho documento se precisa que “para solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, el agente del Ministerio Público de la Federación deberá verificar que se haya pagado o garantizado la reparación del daño a la víctima u ofendido”.

Mientras que en el artículo séptimo, en su segundo párrafo, se acota que “la propuesta de solicitud de imposición de la pena en la aplicación del procedimiento abreviado deberá contener un informe ejecutivo en el que se establezca la procedencia del procedimiento y los motivos por los que se propone dicha pena y se remitirá por escrito a través de cualquier medio que garantice su autenticidad, al titular de la unidad administrativa correspondiente”.