La búsqueda del amparo de la justicia federal ante decisiones ejecutivas y de política pública tomadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso antes de que asumiera el poder, ha generado que ciudadanos en lo individual, legisladores y organizaciones de la sociedad civil, lleven al poder judicial juicios de amparo, cuyos procesos siguen en marcha.

Hasta la semana pasada se habían promovido 147 juicios de amparo ante juzgados de la Ciudad de México, así como en Edomex, Jalisco, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Quintana Roo y Morelos, en contra de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, de los cuales se habían obtenido nueve resoluciones de suspensión: cuatro suspensiones definitivas y cinco suspensiones provisionales, informó el director de Litigio Estratégico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Gerardo Carrasco Chávez.

Aclaró que dos de las suspensiones provisionales quedaron ya sin efectos porque los jueces de Distrito han negado la suspensión en definitiva. Así, hay siete suspensiones vigentes: cuatro provisionales y tres definitivas, señaló.

Dijo que lo importante es que sigue vigente la obligación del gobierno de suspender el proyecto de Santa Lucía y la obligación, no solamente de no destruir o no inundar Texcoco, sino de generar acciones para conservar los avances de las obras en Texcoco.

Por otra parte, la encargada del programa de estancias infantiles durante el sexenio de Felipe Calderón, Lía Limón, informó que hasta la semana pasada se habían otorgado 680 suspensiones definitivas en 12 estados contra la decisión de ya no entregar los apoyos a las estancias; sin embargo, señaló que el gobierno recurre a “chicanadas” para no acatar los ordenamientos.

Explicó que de ese total de recursos, han sido concedidos 130 en Chihuahua, 123 en Sinaloa, 120 en Edomex, 83 en CDMX, 70 en Nuevo León, 59 en Puebla y 50 en Guerrero, entre otros estados.

La previsión, indicó, es que a esas estancias infantiles ya amparadas se les otorguen los recursos según las reglas de operación del 2018.

Por otra parte, desde que el gobierno federal inició la implementación del Proyecto Integral Morelos (en el 2011), mediante el cual se contempla la construcción de un gasoducto que pasa por comunidades indígenas de Tlaxcala, Puebla y Morelos, y la central de generación eléctrica en La Huexca, Morelos, se promovieron alrededor de 10 amparos, de los que en tres el Poder Judicial les concedió la razón, al considerar que se violó su derecho a consultarlos antes de hacer esa obra, informó Juan Carlos Flores Solís, del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra.

A su vez, Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados federales del PAN, recordó que panistas e integrantes del PRI, PRD y MC interpusieron una acción de inconstitucionalidad en contra de la figura de superdelegados, al considerar que se presentaron vicios en el procedimiento legislativo, violación al principio de legalidad y afectación a las entidades.

Se trastoca la confianza: Coparmex

Por la forma en que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tomado algunas decisiones de realizar o cancelar proyectos, como la construcción del Tren Maya o la suspensión del aeropuerto de Texcoco, el gobierno federal trastoca la confianza, opinó Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex.

Sostuvo que el titular del Ejecutivo ha tomado medidas sin que en éstas se respete el fundamento legal; lo cual, prosiguió,  genera incertidumbre en la IP.

“El gobierno federal no está contribuyendo a generar confianza. Estas decisiones que no tienen el fundamento legal adecuado han trastocado la confianza”.

Puso como ejemplo la intención del presidente de la República de revisar algunos contratos de gasoductos con empresas de Canadá.

En entrevista, el líder de los patrones del país comentó que él promovió y apoyó un juicio de amparo para frenar la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. Dijo que todos los ciudadanos que consideren vulnerados sus derechos pueden recurrir al Poder Judicial en busca de protección.

Lo que llama la atención, añadió, es el elevado número de recursos interpuestos ante el Poder Judicial en los primeros meses de este sexenio.

“De alguna manera significa que muchos de los actos que está haciendo no están debidamente fundados. En ese sentido el llamado sería para que, en todos los actos de gobierno, particularmente los más relevantes, estén adecuadamente apegados a la ley y no haya necesidad de que esos medios de impugnación se estén multiplicando”.

Llaman a valer el Estado de Derecho

El segundo vicepresidente de la Barra Mexicana de Abogados (BMA), Víctor Olea Peláez, aseguró que es inaceptable que el Ejecutivo federal intimide o amenace a los abogados que han interpuesto algún recurso en contra de las decisiones tomadas por el gobierno.

En entrevista, afirmó: “No debemos tolerar el hecho de que el Ejecutivo haga amagos o amenazas contra los abogados que están haciendo esos litigios estratégicos, a partir de referir que son gente corrupta”.

El también titular del Bufete Olea y Asociados, S.C., consideró que el aumento de recursos interpuestos ante el Poder Judicial en los primeros meses de este sexenio responde a que los ciudadanos ven en este poder una esperanza para que se haga “valer el Estado de Derecho”.

El especialista advirtió que si el presidente de la República desacata las resoluciones del Poder Judicial, México podría enfrentar una grave crisis constitucional.

Por su parte, Luisa Conesa, abogada constitucionalista del despacho Sánchez Curiel y Conesa Labastida, quien representó a los 55 senadores en una acción de inconstitucionalidad ante la Corte contra la ley de remuneraciones, señaló que las decisiones se deben tomar con base en la ley, no en el capricho.