La ayuda brindada por el gobierno estadounidense en la lucha contra las drogas en México continúa llegando a las agencias de seguridad del Estado mexicano, a pesar de que el gobierno del país del norte se encuentra al tanto de que estas instituciones suelen tener prácticas de abuso de autoridad y de colusión con la delincuencia organizada, de acuerdo con un reportaje publicado por The Intercept.

INFOGRAFÍA Violencia contra periodistas en México

Los periodistas que cubren los hechos de violencia en los estados en los que el narcotráfico tiene una mayor presencia en México son uno de los actores más afectados por esta connivencia entre el crimen organizado y las agencias de seguridad que se ve alentada por el apoyo del gobierno estadounidense a la guerra contra las drogas.

De acuerdo con el sitio web, los periodistas asesinados en México son aquellos que están comprometidos en documentar la corrupción política y las relaciones del Estado con el tráfico de drogas . Éste fue el caso de Javier Valdez, cofundador del semanario Ríodoce, quien fue asesinado a plena luz del día supuestamente por haber publicado una entrevista con uno de los enviados de Dámaso López, El Licenciado, líder de una de las alas en las que se dividió el Cártel de Sinaloa después de la captura de Joaquín el Chapo Guzmán.

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Una semana antes del asesinato de Valdez, el Comité para la Protección de los Periodistas sacó a la luz un reporte en el que detalló los recientes asesinatos de periodistas y las fallas en el procesamiento de estos crímenes , refiere The Intercept. El gobierno mexicano ha registrado desde el 2000 el asesinato de 114 periodistas, sin embargo, sólo 48 de estos crímenes han sido investigados, de los cuales tres han resultado en una condena.

También el gobierno estadounidense ha hecho referencia a los constantes ataques en contra de periodistas y a la impunidad con la que el gobierno de México trata estos delitos. Según el informe sobre derechos humanos en México del Departamento de Estado: "A veces los periodistas son objeto de ataques físicos, hostigamiento e intimidación debido a sus informes. Los autores de la violencia contra los periodistas siguieron actuando con impunidad con pocos informes de investigación, detención o enjuiciamiento de sospechosos .

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Desde el 2008, el gobierno de México ha recibido más de 2,600 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos, a través de la Iniciativa Mérida, para fortalecer el combate al narcotráfico. Según The Intercept, esta ayuda no sólo proviene del Departamento de Estado estadounidense sino de instituciones como el Pentágono y el Departamento de Justicia.

Helicópteros Black Hawk, equipo de inteligencia, aviones de vigilancia y sistemas satelitales son algunos de los equipos que muchas empresas estadounidenses envían a México a partir de esta colaboración entre ambos países, que también incluyó la exportación de una estrategia de captura en contra de los líderes de las agrupaciones dedicadas al narcotráfico.

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Sin embargo, para muchos expertos en seguridad, ésta no es la mejor estrategia, ya que la fijación de objetivos de alto nivel sólo llevó a la desestabilización del mercado de las drogas en lugar de reducirlo o limitarlo, lo que ha conducido a una escalada de la violencia que no tiene precedentes.

Según The Intercept, las agencias de Estados Unidos dicen que estos esfuerzos son clave para fortalecer la capacidad de investigación de México, pero han hecho poco para cambiar la impunidad de los sistemáticos crímenes sistemáticos contra los derechos humanos, incluyendo asesinatos de periodistas .

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De acuerdo con el sitio online, el gobierno estadounidense está plenamente consciente de la impunidad, el encubrimiento y el vínculo entre las autoridades mexicanas y el crimen organizado.

Desde el 2010, año en el que la guerra contra el narcotráfico alcanzó su punto más álgido, el gobierno estadounidense hizo de conocimiento público que las organizaciones criminales en México actuaban con casi total impunidad frente a los miembros de las agencias de seguridad mexicanas. Sin embargo, la capacitación y la asistencia de los Estados Unidos continuaron en la región .

La búsqueda de justicia para las víctimas de la violencia de la guerra contra las drogas ha sido dirigida por periodistas y por los familiares de las víctimas, y no por las agencias gubernamentales que reciben ayuda de Estados Unidos. Y con demasiada frecuencia han sido silenciados , afirmó The Intercept.

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rodrigo.riquelme@eleconomita.mx