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Crece resistencia a superdelegados en las entidades
Acción Nacional va por impugnar ante la Suprema Corte; el PRI señala que se atenta contra la soberanía de los estados.

El proyecto para reformar la estructura del gobierno federal, que avanza y es impulsado por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, ha empezado a generar reacciones en las entidades.
Del Partido Acción Nacional (PAN), 12 gobernadores han considerado como una afronta a su poder y atribuciones en sus entidades las figuras de los nuevos coordinadores estatales que se crean con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La reforma ha sido catalogada como una prioridad por Morena en ambas cámaras del Congreso debido a que, además de los delegados, el proyecto incluye la creación de una Secretaría de Seguridad Pública federal, punto nodal del proyecto de seguridad del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
La reforma ha incomodado a los panistas desde que se propuso, no obstante, fue la atribución que se les da a los coordinadores estatales para interferir en temas de seguridad, como representantes de la Federación, lo que ha hecho que los gobernadores muestren su descontento.
“La colaboración en materia de seguridad debe ser abordada bajo una óptica estrictamente institucional. Por ello, nos sorprende la intención de supeditar el mecanismo de coordinación a la figura de los llamados coordinadores estatales del gobierno federal y colocar a los gobernadores y fiscales de los estados como meros invitados.
“Ese desdén es inaceptable para nosotros, porque no sólo pone en riesgo estos objetivos, sino resulta inconcebible una solución de fondo al problema de la inseguridad y la delincuencia en el país, sin la concurrencia efectiva de los gobiernos estatales”, precisaron los gobernadores albiazules.
En la misiva que circularon en medios el viernes pasado y que está firmada por los gobernadores de Chihuahua, Javier Corral; de Durango, José Rosas Aispuro; de Nayarit, Antonio Echeverría; y de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, entre otros, enfatizaron que si bien el federalismo en México “enfrenta problemas y desafíos incuestionables, sobre todo en las materias hacendaria y de seguridad”, la inclusión de los estados en las decisiones debe ser el camino a seguir.
Para el analista político por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, José Antonio Crespo, la nueva estructura federal que se busca crear es una clara centralización del poder en los delegados que a su vez competirán con el poder que tienen los gobernadores.
“Un asunto que no tiene directamente que ver, pero es paralelo, en esos estados o varios estados, el Congreso va a estar controlado por Morena y ese Congreso no va a depender de los gobernadores, sino directamente de López Obrador, ya tienen ahí una mancuerna.
“El superdelegado por un lado controlando la mayor parte del presupuesto y los programas sociales del Estado a nivel federal, y por el otro lado un Congreso controlado por Morena”, expuso Crespo.
En este sentido, de las 12 entidades que gobiernan los panistas firmantes, en sólo la mitad de los congresos Acción Nacional es la fuerza política mayoritaria.
Ante las reformas, el PAN ha anunciado que interpondrá recursos ante la Suprema Corte.
Al descontento del abiazul se han sumado los priistas. Claudia Ruiz Massieu, presidenta del PRI, afirmó, tras la aprobación de la reforma en el Senado, que las nuevas disposiciones vulneran “el sistema federal, se atenta contra la soberanía de los estados y se corre el riesgo de que las instituciones se vuelvan inoperantes”.
Más riesgos que ventajas
Especialistas consultados por El Economista afirman que si bien hay posibilidad de que con la nueva figura de delgados estatales se puede hacer más eficiente el gasto federal, existen riesgos de que los delegados ocupen la posición como una plataforma electoral, además de que el presidente concentrará gran poder.
“De cumplirse (la reforma) nos estaría regresando a un sistema presidencialista como el que teníamos hace 30 o 40 años, en cierta medida, no sabemos hasta dónde, pero esa parece ser la tendencia”, refirió Crespo, al tiempo que comentó que las figuras de los nuevos delegados pueden ser mejor vistas si se ponen candados como que no sean militantes de Morena y que no sean de los mismos estados en donde actúan.
Para José Fernández Santillán, especialista político por el Tec de Monterrey, la manera de controlar y hacer más eficiente el gasto público y generar mecanismos de austeridad, argumentos dados para crear a los superdelegados, se pueden cumplir con el fortalecimiento de las instituciones. “Los Congresos (locales son los que) tienen que ser contrapesos”, añadió.
A su vez, Salvador Mora, especialista en corrupción y política, indicó que la centralización de los poderes en los superdelegados provocará que haya fricciones constantes entre los gobiernos estatales y el Ejecutivo federal.
“Los superdelegados tendrán una super posición de poder dada la representación directa que tienen del presidente de la República en los estados, lo cual va a implicar que ellos van a poder adoptar y definir una serie de prioridades que no necesariamente corresponden al estado de la República, sino a la Presidencia de la República”, afirmó.
A su vez, Helena Varela, directora del departamento de Análisis de Coyuntura Política de la Ibero, opinó que el gobierno de Obrador apunta a centralizar los recursos y el poder en los temas de seguridad y administración, una decisión que, dijo puede ser tomada ya que está legitimada por el triunfo avasallador que tuvo en las urnas.
Aunado a que la oposición, pese a que ha alzado la voz aún se encuentra dividida y busca salir de la “propia crisis en las que se sumió por el resultado de las elecciones”.