La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó los enfrentamientos ocurridos en la comunidad de La Concepción de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Acapulco, donde 11 personas murieron e instó al completo esclarecimiento de los hechos.

El pasado 7 de enero se produjo un enfrentamiento en dicha comunidad del estado de Guerrero en donde fallecieron ocho personas en circunstancias todavía inciertas. Posteriormente, durante un operativo policial, tres personas más fallecieron y 38 fueron detenidas.

En un comunicado, el organismo multilateral informó que, en colaboración con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, se entrevistó con autoridades, personas detenidas, periodistas agredidos, pobladores de la comunidad y organizaciones de la sociedad civil.

A partir de ello, “la ONU-DH cuenta con fuertes elementos de convicción sobre la existencia de violaciones de derechos humanos cometidas por parte de fuerzas de seguridad durante el operativo, las cuales resultan profundamente preocupantes”, expresó.

El organismo internacional, representado en México por el experto en derechos humanos, Jan Jarab, recibió información sobre la comisión de actos de tortura y malos tratos, falta de respeto por el derecho a la defensa, fabricación de pruebas en contra de algunas personas detenidas, allanamientos sin orden judicial y condiciones indignas de detención.

Asimismo, el brazo de las Naciones Unidas reprochó las agresiones en contra de periodistas que cubrían el operativo de desarme de guardias comunitarios, por parte de fuerzas de seguridad.

Señalaron también el robo del material gráfico.

“Estos hechos (...) podrían representar un intento de ocultar o destruir evidencias de graves violaciones de derechos humanos”, expresó la oficina.

“Todas las muertes deben ser investigadas, incluidas las que se produjeron durante el operativo policial, ya que, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, toda muerte producida por la actuación de funcionarios públicos debe ser investigada para esclarecer completamente sus circunstancias”, reclamó Jan Jarab.

Además, consideró que el mensaje emitido por el gobierno del estado de Guerrero presenta una narrativa de los hechos violatoria de la presunción de inocencia de las personas detenidas y no aporta ninguna garantía de que una investigación independiente e imparcial se esté llevando a cabo.

ana.langner@eleconomista.mx