El Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) incrementó la recompensa por el excapo del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, al elevar el monto de 5 millones de dólares que se pedían por su captura, en noviembre del 2013, a 20 millones de dólares y repite como uno de los 10 fugitivos de la justicia del vecino país más buscados.

Caro Quintero es señalado por la muerte del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique, el Kiki, Camarena Salazar y el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar ocurridos en 1985.

Cabe señalar que fue liberado en el 2013 por medio de una resolución del Primer Tribunal Colegiado que consideró que ya había purgado las condenas de seis procesos durante los 28 años en los que estuvo preso en varios penales federales y estimó que debió ser juzgado en el fuero local no federal.

En el nuevo listado del FBI, se hace mención que dicha recompensa se entregará a quien ofrezca datos verídicos para la ubicación, localización o captura de Rafael Caro Quinteto, quien fue acusado de haber privado de la vida al Kiky Camarena, cuando lideraba el cártel de Guadalajara junto con Ernesto Fonseca Carrillo, don Neto, quien de igual forma fue acusado por el mismo delito.

De acuerdo con el FBI y la DEA, después de que abandonó la prisión de Puente Grande, Jalisco, el 9 de agosto del 2013, Caro Quintero volvió a ingresar al narcotráfico bajo la protección del cártel de Sinaloa y se mueve, según sus investigaciones, en Guadalajara y Badiraguato, Sinaloa, así como en Costa Rica, país centroamericano donde fue capturado en 1985.

La Procuraduría General de la República, después de que fuera liberado en el 2013, manifestó que Estados Unidos aún no había solicitado su extradición, por lo que se limitó a apelar el auto de libertad, el cual fue revocado; sin embargo, ya no fue ubicado y ahora sus representantes legales pelean vía amparo para frenar la petición de extradición que incluso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El asunto se encuentra en manos de la Primera Sala y el proyecto es del ministro Arturo Zaldívar.

rtorres@eleconomista.com.mx