Frente a la decisión de los habitantes del municipio de Cherán, Michoacán, de armarse y autodefenderse del crimen organizado, el Congreso de la Unión pidió a la CNDH el envío de visitadores para verificar que se garanticen los derechos y garantías de los habitantes de ese municipio, y a la PGR que inicie una investigación completa de la tala de árboles de forma ilegal de integrantes del crimen organizado.

Senadores y diputados en la Comisión Permanente del Congreso aprobaron ayer por unanimidad un punto de acuerdo en el que recuerda que hace más de un mes los habitantes de Cherán decidieron autodefenderse al cerrar los accesos a dicho municipio ante el abandono de las autoridades para poder brindarles seguridad contra las bandas del crimen organizado y de talamontes que operan en la región.

Siete habitantes de la región han sido asesinados y otros cinco desaparecidos desde el 2009. Aunque han presentado quejas ante autoridades federales, no se ha tomado ninguna medida contra de los responsables, lo cual ha dejado a la comunidad sin protección ni camino a la justicia, recordaron los legisladores.

A solicitud de la población, el gobierno federal anunció el envío de elementos de la Policía Federal y del Ejército quienes se incorporaron a los puestos de control de acceso al municipio. El gobierno de Michoacán ha hecho lo propio con elementos de la seguridad estatal.

Resulta urgente que el organismo encargado de la protección de los derechos humanos se desplace a la región que se garantice que los derechos de los habitantes sean respetados , pidieron los legisladores.

En el punto de acuerdo, aseguran que no pasa desapercibida la situación del municipio y dijeron estar conscientes de que las agresiones se originan al mismo tiempo en el que los pobladores tratan de proteger sus bosques de la tala ilegal .

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